El sindicato se concentra en Valladolid para reclamar mejores salarios, más personal y una mayor supervisión de la Junta sobre residencias y ayuda a domicilio
UGT denuncia la precariedad en la dependencia de Castilla y León y alerta del impacto en la atención a los usuarios
El sindicato se concentra en Valladolid para reclamar mejores salarios, más personal y una mayor supervisión de la Junta sobre residencias y ayuda a domicilio
La Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León denunció este martes la situación que atraviesan las trabajadoras del sector de la dependencia en la Comunidad, marcada, según el sindicato, por la falta de personal, los bajos salarios y unas condiciones laborales que consideran cada vez más difíciles de sostener. La organización sindical celebró una concentración de protesta en Valladolid para visibilizar la situación del sector y reclamar mejoras tanto para las profesionales como para las personas dependientes que reciben la atención.
La secretaria autonómica de Atención Social de UGT Servicios Públicos, Pilar Gutiérrez, aseguró durante la movilización que muchas trabajadoras de residencias, servicios de ayuda a domicilio y atención a personas dependientes soportan una situación que calificó de "insostenible". Entre las principales reivindicaciones planteadas por el sindicato figura la ausencia de permisos retribuidos para acudir a consultas médicas. Según denunció UGT, numerosas trabajadoras se ven obligadas a intercambiar horas o turnos con compañeras para poder asistir a una cita sanitaria sin sufrir perjuicios económicos.
A ello se suma, según la organización, la falta de cobertura de vacantes durante el periodo estival. El sindicato alertó de que muchas bajas por vacaciones no están siendo sustituidas, lo que provoca un incremento de la carga de trabajo para las plantillas y dificulta la prestación del servicio.
El secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez, atribuyó parte de los problemas de contratación a las condiciones laborales existentes en el sector. Según explicó, los bajos salarios y la elevada exigencia física y emocional del trabajo dificultan la incorporación de nuevos profesionales.
Pérez señaló además que una parte importante de los contratos se realiza a tiempo parcial y aseguró que muchos trabajadores perciben retribuciones que apenas alcanzan el salario mínimo interprofesional.
Consecuencias para los usuarios
El sindicato advirtió de que la escasez de personal no solo afecta a las condiciones laborales de las plantillas, sino también a la calidad de la atención que reciben las personas dependientes.
En este sentido, denunció que en algunos centros residenciales la falta de efectivos obliga a adelantar determinadas rutinas de cuidado a horas de madrugada o a mantener durante largos periodos a residentes en sillas de ruedas por la imposibilidad material de atenderlos con la frecuencia necesaria.
UGT también mostró su preocupación por la situación en los turnos nocturnos. Según aseguró, en algunas residencias una sola trabajadora debe hacerse cargo de decenas de residentes durante la noche, una circunstancia que, a juicio del sindicato, compromete tanto la calidad asistencial como la seguridad de usuarios y profesionales.
Más control de la Junta
Durante la protesta, los representantes sindicales reclamaron a la Junta de Castilla y León una implicación más activa en la supervisión de los servicios de dependencia.
Aunque reconocieron que parte de la gestión corresponde a ayuntamientos y diputaciones, insistieron en que la administración autonómica mantiene las competencias en materia de dependencia y debe reforzar las labores de inspección y control sobre las empresas privadas que gestionan residencias y servicios de ayuda a domicilio a través de conciertos públicos.
Asimismo, UGT pidió avances en la negociación del convenio estatal de dependencia, bloqueado desde el pasado mes de octubre de 2025. El sindicato lamentó la falta de acuerdo entre las organizaciones empresariales y exigió una actualización inmediata de las tablas salariales, así como mejoras laborales que incluyan, entre otras cuestiones, permisos retribuidos para acudir a consultas médicas.
Las peticiones podrán presentarse de forma presencial o electrónica del 17 al 30 de junio de 2026, ambos inclusive. El montante máximo es de 786 euros por alumno
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