El juicio del conocido como 'caso ataúdes', celebrado en la Audiencia Provincial de Valladolid contra veintitrés acusados, ha quedado visto para sentencia tras más de dos meses de vista oral y la declaración de más de 200 testigos y peritos desde su inicio en marzo.

La causa se centra en un presunto entramado que habría operado durante años, entre 1995 y 2015, en el que se investigan supuestos cambios de féretros antes de la incineración para su posterior reventa dentro del grupo funerario El Salvador de Valladolid.

Antes de la conclusión del juicio, el tribunal ha concedido la última palabra a los procesados, quienes han declinado intervenir y han manifestado no tener nada que añadir.

Peticiones de hasta 20 años de cárcel

Los encausados se enfrentan a penas que oscilan entre los veinte años de prisión solicitados para los principales acusados y los dos años para los de menor implicación. La Fiscalía y las acusaciones particulares atribuyen delitos de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, atentado contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

En el procedimiento también han intervenido nueve defensas y la representación legal de las sociedades Agencia Funeraria Castellana y Parque El Salvador, en calidad de responsables civiles.

Alegaciones de las defensas

Durante la última sesión del juicio, los abogados defensores han centrado sus argumentos en cuestionar la validez de las pruebas, basadas principalmente -según han señalado- en anotaciones, fotografías y en los escritos de un trabajador de la empresa, ya fallecido, cuya credibilidad han puesto en duda.

Las defensas han sostenido que dicho trabajador mantenía una relación conflictiva con sus superiores, lo que habría derivado en una situación de enfrentamiento personal y presuntas maniobras de extorsión, por las que, según han recordado, llegó a ser condenado.

Asimismo, han señalado que los listados y anotaciones presentaban errores reconocidos por su propio autor, lo que, a su juicio, debería invalidar su valor probatorio. También han planteado la existencia de prescripción de los hechos y situaciones de indefensión durante el procedimiento.

En sus intervenciones finales, algunos letrados han insistido en la ausencia de beneficio económico personal de los acusados y han apelado al principio de presunción de inocencia, alertando del riesgo de condenar a personas inocentes tras una larga instrucción y una vista oral que se ha prolongado durante años.

El juicio, listo para sentencia

Antes de dar por concluido el procedimiento, el magistrado presidente ha agradecido la colaboración de las partes y ha subrayado que la resolución del tribunal se basará exclusivamente en la prueba practicada durante el juicio, así como en la valoración de los informes presentados.

El caso queda ahora pendiente de sentencia tras uno de los procesos judiciales más extensos y complejos celebrados en los últimos años en Valladolid.