Las ciudades de Valladolid y Burgos han acogido este sábado dos manifestaciones para reclamar una vivienda digna y denunciar la especulación inmobiliaria que, según los convocantes, afecta especialmente a las clases trabajadoras, pequeños propietarios y personas vulnerables.

Las movilizaciones, organizadas por los Sindicatos de Vivienda de ambas provincias, comparten denominación pero no estructura y se enmarcan en una oleada de actos a nivel nacional que comenzó este 30 de mayo y se prolongará hasta el 28 de junio.

En Burgos, más de 200 personas han participado en una marcha que ha partido de la plaza del Cid bajo el lema 'Por una ciudad para vivir, no para especular'. Durante la protesta se ha reclamado avanzar hacia un modelo de vivienda "pública, gratuita y de calidad" en una ciudad donde el precio del alquiler ha aumentado un 40 % en los últimos cinco años.

Los portavoces del sindicato han defendido que el objetivo final, aunque lo consideren "utópico", es la gratuidad de la vivienda, y han exigido a las administraciones medidas más contundentes contra rentistas y especuladores, a quienes acusan de tratar el mercado como "un tablero del Monopoly".

También han criticado la Ley de Vivienda, al considerarla insuficiente, y han denunciado que el problema no solo afecta a jóvenes, sino también a personas mayores que pueden perder su vivienda por la subida de los alquileres o el impacto de los pisos turísticos y las empresas de desocupación.

En Valladolid, decenas de personas se han manifestado desde la plaza de la Libertad para denunciar que la clase trabajadora está "ahogada" por el aumento del coste del alquiler y de la cesta de la compra, mientras los salarios permanecen estancados.

El portavoz Guillermo González ha señalado la coincidencia de los principales partidos en la protección de caseros, rentistas y fondos de inversión frente a los inquilinos y pequeños propietarios. Ha calificado la Ley de Vivienda como "enormemente insuficiente" y ha criticado que funcione más como una declaración de intenciones que como una norma efectiva.

Entre las medidas reclamadas por los manifestantes figuran la bajada drástica de los alquileres, la expropiación de vivienda vacía en manos de grandes tenedores, la cancelación de desahucios y la prohibición de las empresas de desocupación, a las que acusan de actuar para expulsar a inquilinos y aumentar las rentas.