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La plantilla de la Agencia Tributaria vuelve a movilizarse en Valladolid y amenaza con ir a la huelga el 8 de junio
Los trabajadores retoman los paros parciales para exigir más plantilla, mejoras laborales y el cumplimiento de los acuerdos pendientes con la AEAT
Los trabajadores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) han retomado este jueves en Castilla y León -y en el resto de España- los paros parciales convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). La protesta, de una hora de duración entre las 11.00 y las 12.00 horas, ha ido acompañada de una concentración autonómica ante la Delegación Especial de la AEAT de Castilla y León, en Valladolid.
Se trata del tercer paro parcial convocado desde el pasado 8 de mayo dentro de un calendario de movilizaciones con el que los trabajadores reclaman más personal, mejoras laborales y el cumplimiento de los acuerdos firmados con la Agencia Tributaria.
CSIF advierte de que, si no se producen avances en la negociación con la AEAT, las protestas culminarán el próximo 8 de junio con una huelga general nacional en todos los centros de trabajo del organismo.
Las movilizaciones comenzaron el pasado 6 de mayo con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda y continuaron el 13 de mayo con un nuevo paro parcial y diferentes concentraciones en toda España.
El sindicato denuncia el bloqueo de las negociaciones sobre cuestiones laborales que consideran prioritarias, entre ellas el reconocimiento del personal del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) como profesión de riesgo, la implantación de una carrera administrativa y profesional o la regulación del teletrabajo. De hecho, CSIF interpuso el pasado mes de abril un conflicto contra la Agencia Tributaria.
Además, el sindicato asegura que la plantilla de la AEAT se encuentra "superada y al límite" debido a la falta de efectivos. En este sentido, recuerda que en 2024 se alcanzó un acuerdo por el que la Agencia Tributaria se comprometía a revisar la carrera profesional de todos los trabajadores -bloqueada desde 2019-, implantar un régimen de teletrabajo y reforzar la protección institucional de los empleados del SVA mediante su consideración como profesión de riesgo.
Sin embargo, CSIF lamenta que, desde la firma de ese acuerdo, no se ha producido ningún avance.
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