El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha criticado duramente la aprobación de los nuevos criterios de acceso a las viviendas municipales de alquiler impulsados por el equipo de gobierno de Jesús Julio Carnero en el Consejo de Administración de VIVA. Según denuncian los concejales socialistas, el nuevo protocolo introduce condiciones "más restrictivas" que dificultarán el acceso a la vivienda pública para numerosas familias y personas en situación de necesidad.

La principal objeción del PSOE se centra en el aumento del tiempo mínimo de empadronamiento exigido para poder optar a una vivienda municipal. El protocolo vigente hasta ahora establecía un año de residencia acreditada en Valladolid, mientras que el nuevo texto eleva este requisito hasta los tres años para la persona solicitante.

Desde el Grupo Municipal Socialista consideran que esta modificación supone una "barrera de acceso" que dejará fuera a vecinos que ya residen en la ciudad pero que no alcanzan ese periodo mínimo. Además, advierten de que el nuevo sistema otorga una mayor puntuación a quienes acumulen más años de empadronamiento, lo que influirá de forma decisiva en la elaboración de las listas de adjudicación.

La concejala socialista Rafi Romero defendió durante el consejo de administración que el tiempo de residencia no debería convertirse en un criterio determinante frente a factores como la vulnerabilidad económica, la situación familiar o las dificultades habitacionales. "La antigüedad en el padrón no mide el grado de necesidad de una persona", sostuvo la edil, quien alertó de que la medida perjudicará especialmente a jóvenes, familias recién llegadas o personas que atraviesan procesos de cambio laboral o personal.

Los representantes socialistas solicitaron aplazar la aprobación del protocolo con el objetivo de abrir una negociación que permitiera introducir modificaciones y alcanzar un mayor consenso político. Sin embargo, según explican, el equipo de gobierno rechazó esa posibilidad y decidió mantener el calendario previsto para sacar adelante la normativa.

El PSOE también mostró su preocupación por otros aspectos incluidos en el nuevo documento, como la exigencia de informes de riesgo para determinados programas sociales, las sanciones que impedirían acceder al Plan Municipal de Vivienda durante cinco años a quienes rechacen una vivienda asignada o las diferencias entre los sistemas de elección de inmuebles según el tipo de programa.

Asimismo, critican la limitación temporal de los contratos de las denominadas "viviendas blancas", fijada en siete años sin posibilidad de prórroga, al considerar que introduce mayor inseguridad residencial entre los usuarios.

Los socialistas sostienen que el nuevo enfoque proyecta una visión "punitiva y estigmatizante" de la vivienda social y reclaman al alcalde una revisión del protocolo para priorizar criterios vinculados a la protección social y la garantía del derecho a la vivienda.