El juicio por el denominado ‘caso ataúdes’ afronta su recta final en Valladolid con nuevas declaraciones periciales que han vuelto a cuestionar la versión sostenida durante años por el extrabajador funerario Justo Martín, considerado pieza clave en la investigación sobre el supuesto fraude cometido en el Grupo El Salvador.

Durante la sesión celebrada este martes, 19 de mayo, el conocido forense y psiquiatra José Cabrera defendió ante el tribunal que Justo Martín padecía un "trastorno grave de la personalidad" que, según su criterio profesional, le habría llevado incluso a fabricar pruebas falsas relacionadas con el caso.

Cabrera compareció para ratificar un informe elaborado a petición de una de las defensas y sostuvo que el antiguo trabajador actuó de manera individual utilizando medios y herramientas propias de las instalaciones funerarias para manipular cadáveres y generar parte del material gráfico y documental que posteriormente aportó a la causa.

El especialista describió además a Justo Martín como una especie de "diógenes fotográfico" debido a la enorme cantidad de imágenes y anotaciones que recopiló durante años. Según expuso ante la sala, el comportamiento del extrabajador reflejaba una personalidad obsesiva y una conducta compatible con patologías graves de tipo psicológico.

El perito reconoció, no obstante, que nunca llegó a examinar personalmente a Justo Martín y que sus conclusiones se basan en el análisis de fotografías, libretas y documentos elaborados por él mismo. Aun así, afirmó que la forma meticulosa en la que registraba presuntos cambios de ataúdes y otras incidencias evidenciaba una conducta planificada y mantenida en el tiempo.

Durante su declaración, Cabrera señaló además que el móvil de esa acumulación de información habría estado relacionado con "intereses económicos y posibles intentos de chantaje", cuestionando que el extrabajador optara por recopilar pruebas durante dos décadas en lugar de acudir directamente a la justicia.

El forense también consideró "compatible" el trastorno descrito con el posterior suicidio de Justo Martín, recordando que este tipo de enfermedades mentales presentan una elevada relación con conductas autolíticas.

La sesión incluyó además nuevas intervenciones de peritos económicos contratados por las defensas, quienes insistieron en desmontar las acusaciones de blanqueo de capitales planteadas por la Unidad de Vigilancia Aduanera. Los expertos defendieron que, aunque la gestión contable del grupo empresarial era "rudimentaria", las investigaciones fiscales realizadas durante años nunca concluyeron la existencia de operaciones de blanqueo ni de facturación falsa.

Los peritos justificaron además la existencia de movimientos de dinero entre distintas sociedades del grupo como mecanismos habituales para cubrir necesidades de tesorería interna.

Otro de los informes debatidos durante la jornada cuestionó igualmente la metodología empleada por la Policía Nacional para calcular el consumo de gas en los hornos crematorios, un elemento utilizado por la acusación para sostener que la mayoría de las incineraciones investigadas se realizaron en el cementerio de Santovenia de Pisuerga.

El procedimiento judicial afronta ahora sus últimas sesiones con la declaración prevista de varios acusados y familiares vinculados al antiguo propietario del grupo funerario, Ignacio Morchón Alonso, fallecido antes del inicio del juicio junto al propio Justo Martín.

La Fiscalía mantiene una petición global de penas que supera los 200 años de prisión por un supuesto entramado fraudulento relacionado con el intercambio de ataúdes entre 1995 y 2015. Entre las principales acusadas figuran la viuda del empresario y tres de sus hijos, para quienes el Ministerio Público solicita condenas de hasta 20 años de cárcel por delitos de organización criminal, apropiación indebida, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental.