El Servicio de Vigilancia Aduanera aseguró este lunes en la Audiencia Provincial de Valladolid que la funeraria El Salvador registró entre los años 2001 y 2014 un descuadre aproximado de 4.500 féretros entre el número de servicios funerarios realizados y los ataúdes realmente adquiridos a proveedores durante ese periodo.

Así lo expusieron dos funcionarios de Vigilancia Aduanera durante una nueva sesión del juicio del denominado 'caso ataúdes', en el que se investiga un presunto cambiazo de féretros por otros más baratos antes de la incineración.

Los peritos, autores de varios informes incorporados a la causa, explicaron ante el tribunal que la investigación permitió detectar facturas falsas, irregularidades contables y operaciones ficticias dentro de la actividad económica de la empresa funeraria.

Según detallaron a preguntas de la Fiscalía, el análisis de los modelos 347 presentados ante la Agencia Tributaria, movimientos bancarios, archivos de caja, documentación intervenida en registros policiales y transferencias efectuadas a proveedores permitió concluir que existían facturas correspondientes a ataúdes que "nunca llegaron a comprarse".

Además, los investigadores señalaron la aparición de documentos con anotaciones como "solo pago del IVA", así como facturas emitidas a nombre de proveedores fallecidos o con números de DNI inexistentes en las bases de datos de la Agencia Tributaria.

Féretros defectuosos y operaciones irregulares

Durante su declaración, los funcionarios también hicieron referencia a la operativa atribuida a Victoriano Senovilla, otro de los acusados en el procedimiento. Según indicaron, la funeraria adelantaba dinero para la compra de féretros defectuosos a la empresa Maderarte por unos 50 euros la unidad, ataúdes que posteriormente eran revendidos a la propia compañía funeraria.

El juicio continuará el próximo 18 de mayo con la declaración de nuevos peritos. Además, para la siguiente sesión está prevista la reproducción de las declaraciones de Ignacio Morchón Alonso y Justo Martín Garrido, ambos fallecidos, así como la comparecencia de los hijos del fundador de El Salvador: Laura, María del Rosario e Ignacio Morchón Vaquero.

La Fiscalía solicita penas que superan los 200 años de prisión por un supuesto fraude continuado desarrollado entre 1995 y 2015. Entre los delitos atribuidos figuran organización criminal, apropiación indebida, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Las mayores penas reclamadas afectan a María del Rosario V.L. y a sus hijos, que se enfrentan a solicitudes de hasta 20 años de cárcel cada uno.