El juicio por el presunto fraude en el grupo funerario El Salvador Grupo Funerario ha dado un nuevo giro tras la declaración de un inspector del Cuerpo Nacional de Policía, quien aseguró que el conocido "cambiazo" de ataúdes no era una actuación aislada, sino una práctica conocida dentro de la empresa.

Durante su intervención, el agente confirmó que el extrabajador Justo Martín, considerado clave en la investigación, no actuaba en solitario. Según explicó, era "imposible" que una sola persona pudiera manipular cadáveres sin colaboración, y señaló que distintos indicios apuntan a que la operativa era conocida por la dirección.

Entre las pruebas destacadas, el inspector mencionó un informe basado en el consumo de gas de los hornos crematorios, tanto del ubicado en el cementerio privado de Santovenia de Pisuerga como el del tanatorio del Camino del Cementerio, en Valladolid. Estos datos evidenciarían un traslado habitual de cuerpos entre ambas instalaciones, contradiciendo la información facilitada a las familias, que indicaba que la incineración se realizaba en el propio tanatorio.

Las conclusiones coinciden con las anotaciones de Justo Martín, quien registró durante años los servicios realizados. En esas libretas, que abarcan entre 1995 y 2015, figuran miles de supuestos cambiazos de féretros, así como la reutilización de elementos funerarios. El inspector detalló que el extrabajador llegó a contabilizar 5.308 sustituciones de ataúdes y cerca de 800 reutilizaciones de adornos florales, además de conservar material gráfico relacionado con estos hechos.

Asimismo, la investigación recoge la existencia de un documento hallado en una memoria USB en el que el propio Martín describía el funcionamiento de la práctica y señalaba que tanto el responsable de la empresa como su entorno conocían la operativa. En ese texto, el extrabajador afirmaba haber actuado bajo presión laboral, al temer perder su empleo si se negaba a participar.

El agente también aseguró que, según testimonios recabados, la práctica "habría continuado tras la jubilación de Martín", lo que refuerza la tesis de que se trataba de un sistema estructurado. A preguntas de la acusación, subrayó que el único beneficiario de estas actuaciones era la empresa, mientras que los trabajadores se limitaban a seguir instrucciones.

En la misma sesión declaró otra inspectora policial encargada del análisis contable de la documentación incautada. Según expuso, se detectaron irregularidades en la compra de ataúdes a través de una empresa de carpintería con escasa actividad, ubicada en La Cistérniga. Solo en 2004 se habrían suministrado más de 1.800 féretros adquiridos como "incompletos" por presentar defectos. La agente también aludió a la existencia de facturación irregular y anomalías en el IVA declarado.

El proceso judicial continuará el próximo 11 de mayo con nuevas declaraciones de agentes implicados en la investigación y funcionarios del Servicio de Aduanas. La Fiscalía reclama penas que superan los 200 años de prisión por un supuesto entramado que, durante dos décadas, habría consistido en sustituir ataúdes por otros de menor coste sin conocimiento de las familias.

Entre los principales acusados figuran miembros de la familia vinculada a la gestión de la funeraria, para quienes el Ministerio Público solicita penas de hasta 20 años de cárcel por delitos que incluyen organización criminal, apropiación indebida, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental.