Condenada a dos años de cárcel por estafar casi 100.000 euros con falsas inversiones en criptomonedas

La Audiencia de Valladolid acredita que facilitó sus cuentas para desviar el dinero de la víctima

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Condenada a dos años de cárcel por estafar casi 100.000 euros con falsas inversiones en criptomonedas
Audiencia Provincial de Valladolid.
El autor esEva Martínez Miguel
Eva Martínez Miguel
Lectura estimada: 2 min.

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a dos años de prisión a una mujer por estafar cerca de 100.000 euros a un hombre al que engañó con supuestas inversiones en criptomonedas en junio de 2023.

La sentencia considera probado que la acusada, en connivencia con un falso asesor, facilitó sus cuentas bancarias para recibir el dinero del perjudicado y transferirlo posteriormente a otras cuentas, algunas de ellas en el extranjero, concretamente en Malta y Lituania.

El afectado, interesado en invertir en criptomonedas, contactó telefónicamente con una persona que se hacía pasar por empleado de una supuesta empresa de inversión. Siguiendo sus indicaciones, realizó varias transferencias a una cuenta titularidad de la condenada. En total, el perjudicado llegó a transferir 90.945 euros, cantidad que nunca se destinó a inversión alguna.

Parte de las operaciones se realizaron mediante una aplicación instalada en el teléfono de la víctima, que permitía el control remoto del dispositivo. El afectado accedió a su instalación creyendo que servía para gestionar su inversión, sin ser consciente de que estaba facilitando el acceso a terceros.

Según el tribunal, la acusada prestó sus cuentas de forma consciente para facilitar el fraude y permitir el desvío del dinero, contribuyendo además al anonimato del principal autor. La sentencia subraya que los movimientos registrados, con transferencias de elevada cuantía y su posterior envío a cuentas en distintos países, evidencian la existencia de un acuerdo entre la condenada y el supuesto asesor.

Además de la pena de prisión, el fallo impone a la mujer una multa de 360 euros y la obligación de indemnizar al perjudicado con 90.945 euros.

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