Varios testigos de la defensa en el denominado ‘caso ataúdes’ han señalado este martes al propietario del grupo funerario El Salvador, Ignacio M.A., ya fallecido, como la persona que tomaba todas las decisiones en la empresa, descargando así de responsabilidad a sus hijos, procesados en la causa.

El juicio, que se celebra en la Audiencia Provincial de Valladolid, sienta en el banquillo a 23 acusados por un supuesto fraude consistente en retirar féretros a los difuntos antes de su incineración para reutilizarlos. "El jefe era Ignacio padre", afirmó uno de los testigos, que trabajó durante más de tres décadas en la funeraria como administrativo y tramitador de defunciones.

Sin incentivos ni órdenes sobre ataúdes

Los declarantes coincidieron en señalar que no recibían instrucciones para vender ataúdes de mayor precio ni percibían incentivos económicos en función del coste del servicio. Según explicaron, la mayoría de las familias optaban por féretros "estándar", mientras que los de mayor valor, en torno a 3.000 euros, se vendían de forma muy ocasional.

Además, uno de los testigos relató que los pagos se realizaban habitualmente en efectivo, que se guardaba en sobres identificados con el nombre del fallecido y que posteriormente recogía el propio propietario.

Los testigos insistieron en que los hijos del empresario no tenían capacidad de decisión dentro de la empresa. "No mandaban nada ni se les dejaba intervenir", aseguraron varios de los declarantes. Uno de ellos incluso relató que, tras recibir una carta judicial por el posible fraude relacionado con el fallecimiento de un familiar, decidió no emprender acciones legales al considerar que "si las cosas se hicieron bien, no había lugar".

Ataúdes defectuosos y una llamada clave

Durante la sesión también declaró un proveedor que vendió al grupo funerario unos 3.000 ataúdes defectuosos importados desde China a un precio de 50 euros por unidad, alegando que necesitaba deshacerse de ellos. Asimismo, se reprodujo una llamada telefónica en la que un familiar del dueño afirmaba: "Esto es una pillada y no viene de la denuncia del otro, viene del interior", aunque el trabajador que atendió la llamada aseguró no haber entendido en ese momento el alcance de esas palabras.

La causa se dirige contra 23 personas acusadas de delitos como organización criminal, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales o falsedad documental. El juicio continuará en los próximos días con la declaración de más testigos de las defensas.