Dos de los extrabajadores de la funeraria El Salvador que han declarado este lunes en la Audiencia Provincial de Valladolid en el juicio del denominado 'caso ataúdes' han asegurado que a los familiares de los difuntos siempre se les ofrecía la posibilidad de presenciar la incineración, aunque en la mayoría de los casos rechazaban esta opción.

En la jornada han testificado cinco exempleados, que han coincidido en señalar que el 'jefe' de la funeraria fue en todo momento Ignacio Morchón Alonso, incluso después de su jubilación en 2010, pese a que desde entonces figurara su hijo, del mismo nombre, como director.

Los testigos también han apuntado que la viuda del empresario no tenía funciones en la empresa, mientras que una de las hijas se encargaba de la facturación y otra realizaba sustituciones en distintos puestos.

Dos de los declarantes, uno de ellos trabajador durante más de 30 años y otro empleado entre 2013 y 2019, han explicado que como tramitadores no percibían incentivos ligados al precio del ataúd ni al coste del servicio funerario. Asimismo, varios testigos que conocieron a Justo Martín, el extrabajador que destapó la presunta estafa, lo describieron como una persona "reservada" y "arisca", asegurando que mantenía una mala relación con Morchón. Algunos incluso relataron episodios de tensión entre ambos y apuntaron a una supuesta animadversión personal.

Sin indicios durante años de trabajo

Durante la sesión también declaró una extrabajadora de la aseguradora Ocaso, que afirmó que en casi una década de trabajo nunca vio ni escuchó nada irregular. Además, aseguró que tenía libertad de movimiento tanto en el tanatorio del Camino del Cementerio como en las instalaciones de Santovenia de Pisuerga.

Por su parte, un trabajador en activo desde 2001 y exrepresentante sindical de CCOO reconoció retrasos en pagos entre 2012 y 2014, pero negó que existiera un clima hostil en la empresa. También aseguró desconocer una supuesta carta en la que se amenazaba con revelar prácticas internas a la prensa y a aseguradoras.

El juicio continuará este martes con la declaración de nuevos testigos de la defensa. La Fiscalía solicita penas que superan los 200 años de prisión por un supuesto fraude consistente en el cambio de ataúdes por otros de menor coste entre 1995 y 2015. Entre los principales acusados se encuentran la viuda del empresario y sus hijos, para quienes se solicitan hasta 20 años de prisión por delitos de organización criminal, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental.