Desde que se anunciaron las nuevas medidas de regularización, el trabajo en las oficinas de Accem en Valladolid no ha cesado. La aprobación del Real Decreto definitivo la semana pasada ha transformado lo que eran meses de trabajo sobre borradores en una realidad administrativa tangible que busca sacar de una situación irregular a miles de personas.

Diego Cebas Lapeña, coordinador de la entidad en la ciudad, ha explicado, en declaraciones a Tribuna, que el objetivo "es asesorar, atender y acompañar en un proceso que permite a los ciudadanos en situación irregular empezar a ejercer sus derechos con seguridad".

Aunque el texto definitivo es reciente, el flujo de personas que acuden a Accem ha crecido de manera constante desde que se planteó la posibilidad de esta medida. La organización ya venía trabajando con atenlación hacía algunos meses con los distintos borradores para que los usuarios pudieran ir recopilando la documentación necesaria.

Ahora, con el decreto en mano, el trabajo se centra en verificar que los expedientes cumplen estrictamente con los requisitos y en ayudar a los solicitantes a llevar a cabo el proceso de regularización con éxito.

El escollo de la documentación en origen

Uno de los puntos más críticos que está encontrando el equipo de Accem es la dependencia de organismos externos a la administración española. Por ejemplo, para completar el proceso, los solicitantes deben presentar obligatoriamente los antecedentes penales de sus países de origen.

Según ha explicado Cebas, esta exigencia se convierte en "una brecha de desigualdad" ya que existen países donde obtener este certificado es un trámite sencillo, mientras que en otros se convierte en un proceso sumamente complicado. Por lo que esta dificultad externa es, a menudo, la que frena expedientes de personas que ya tienen una vida plenamente establecida en la ciudad. De hecho, "está generando retrasos", según ha destacado el coordinador.

En este sentido, si algo ha marcado la diferencia entre las expectativas generadas y la normativa final es la aparición de requisitos técnicos que no figuraban en los borradores previos, donde el caso más destacado es el informe de vulnerabilidad, una figura que ha generado un aluvión de consultas en la última semana. "Era una cuestión que en los borradores de los decretos no estaba contemplada y ahora sí", ha señalado el coordinador.

Asimismo, este cambio de última hora ha obligado tanto a los técnicos de las organizaciones como a los propios interesados a realizar un esfuerzo extra para entender cómo encajar sus particularidades personales con las nuevas exigencias de la legislación.

Un perfil tan variado "como la vida misma"

A pesar de la complejidad técnica, el interés en la ciudad vallisoletana es "masivo y heterogéneo". El perfil de quienes buscan regularizar su situación no responde a un único patrón sino que desde la entidad, en la provincia de Valladolid, atienden desde adultos que afrontan su proyecto migratorio en solitario hasta familias completas que buscan lograr una estabilidad legal.

Si bien la migración en España es diversa, Cebas ha apuntado que, estadísticamente, el grupo mayoritario que se acogerá a este proceso en la ciudad es de origen latinoamericano, en consonancia con la realidad demográfica del país.

Tres meses para salir de la sombra

Tras la emisión del Real Decreto, la Administración se ha comprometido a que el proceso sea ágil y garantista, fijando un plazo de tres meses, cómo máximo, para dar una respuesta oficial a las solicitudes, aunque desde Accem esperan que en las próximas semanas se completen los procesos de regularización.

Para los solicitantes, el éxito de este trámite administrativo supone el "ser o no ser" del ejercicio de sus derechos. La regularización no solo permite trabajar y residir legalmente, sino que es el paso clave para lograr acceder a prestaciones, servicios y, de manera muy significativa, al mercado inmobiliario, donde la situación de irregularidad suele generar graves situaciones de abuso y vulnerabilidad.