El concejal de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca, ha explicado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que declara "nula" la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) responde a "una cuestión puramente formal" y no al contenido de la normativa.

En declaraciones tras conocerse el fallo, el edil ha explicado que el magistrado considera que el Ayuntamiento cumplió con los requisitos de tramitación de la ordenanza, aunque interpreta que el proyecto técnico, que debía respaldarla, no fue aprobado con carácter previo, sino "en paralelo". "Cree que se debería haber llevado a cabo de otra manera, pero la sentencia no tiene nada que ver con el fondo", ha afirmado. Gutiérrez Alberca también ha rechazado las críticas del PSOE, que había vinculado el fallo judicial con el régimen de exenciones que impuso el equipo de Gobierno. Según el concejal, esas cuestiones "no tienen nada que ver" con el motivo por el que el tribunal ha anulado la ordenanza.

De hecho, el Ayuntamiento presentará un recurso de casación ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España. "Nuestros servicios jurídicos entienden que nuestra postura se debe mantener", ha señalado el edil, que ha recordado además que existe otro recurso contra la ZBE presentado por Ecologistas en Acción sobre el que los tribunales aún no se han pronunciado. Por otro lado, mientras se resuelve la situación judicial, el Consistorio ha decidido actuar con prudencia respecto al régimen sancionador. Gutiérrez Alberca ha explicado que, por orden del alcalde, se convocará un grupo de trabajo de seguimiento de la ZBE, que comenzará a las 14.00 horas, con participación técnica y política, para analizar la situación tras la sentencia.

El equipo de Gobierno llevará al próximo Pleno una moción para trasladar la "inejutividad" de los procedimientos sancionadores en el futuro, con el objetivo de evitar que los ciudadanos tengan que recurrir las multas. "Es un criterio de prudencia. El ciudadano no entendería que se le sancione cuando hay un procedimiento judicial abierto", ha indicado. No obstante, el concejal ha precisado que, hasta que no se adopten los mecanismos jurídicos necesarios y los servicios jurídicos determinen el procedimiento adecuado, las sanciones continúan aplicándose con normalidad. "Hoy por hoy, de momento, el procedimiento sancionador es el mismo", ha subrayado.

En cualquier caso, las sanciones ya tramitadas no serán anuladas ni devueltas. "Las anteriores sanciones no se van a anular porque son firmes. No hay posibilidad ni jurídica ni técnica de devolver el importe a quienes ya han abonado la multa", ha afirmado. Según los datos facilitados por el concejal, hasta diciembre de 2025 se habían tramitado 1.828 expedientes sancionadores relacionados con la ZBE, de los que 865 ya habían sido cobrados y 826 permanecían pendientes. A 9 de febrero, el Ayuntamiento había ingresado unos 682.000 euros por estas sanciones. El edil ha añadido que, pese a la situación judicial, los sistemas de control seguirán funcionando. Las cámaras de vigilancia continuarán operativas y se mantendrá el control del acceso de vehículos a la zona restringida. Asimismo, ha defendido que la ciudad sigue cumpliendo con los indicadores de calidad del aire y de ruido.

Respecto al recurso de casación, Gutiérrez Alberca ha indicado que su tramitación suele prolongarse alrededor de un año. Si finalmente no fuera admitido o fuera rechazado, la sentencia adquiriría plena eficacia y la Zona de Bajas Emisiones quedaría definitivamente anulada. Mientras tanto, el Ayuntamiento confía en poder definir en aproximadamente un mes, tras la moción, el marco jurídico que permita suspender el régimen sancionador acorde a la situación en la que queda la propia ZBE a raíz de la sentencia.