La Fiscalía ha abierto diligencias contra el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el consejero en funciones de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por un posible delito de administración desleal relacionado con la paralización de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, según avanza El Norte de Castilla.

La investigación se ha iniciado en paralelo al proceso de disolución impulsado por Adif, que solicitó la resolución del convenio firmado en 2017 junto al Ayuntamiento de Valladolid, la Junta de Castilla y León y el entonces Ministerio de Fomento. Este acuerdo contempla que cualquiera de los socios puede darlo por resuelto de forma unilateral si detecta incumplimientos por parte de otro. Según Adif, la decisión responde al bloqueo de los órganos de administración de la sociedad, una situación que, a su juicio, impide avanzar en el objetivo principal del convenio: la integración ferroviaria en la ciudad.

La denuncia que ha motivado la apertura de diligencias fue presentada por los colectivos Asciva, Ciudad Sostenible y Ateneo Republicano. Estas organizaciones consideran que tanto el alcalde como el consejero podrían haber incurrido en un delito al paralizar obras ya proyectadas y presupuestadas, con el objetivo -según sostienen- de obstaculizar la construcción de varios pasos previstos en el convenio.

En la última reunión del Consejo de Administración, Adif enumeró hasta siete incumplimientos que justificarían la disolución de la sociedad. Entre ellos figura la negativa a abonar 11 millones de euros correspondientes a una de las administraciones en 2024, cantidad que posteriormente fue fraccionada sin la aprobación del Consejo ni la negociación de un nuevo calendario de pagos.

Asimismo, la entidad ferroviaria señala la paralización de actuaciones consideradas clave, como los pasos de Ariza, Arco de Ladrillo y San Isidro, además de la urbanización de la calle Salud. También apunta a la falta de avances en la nueva estación de autobuses, cuyo proyecto quedó detenido sin que la sociedad recibiera información necesaria para su licitación. Otro de los aspectos destacados es la ausencia de aprobación de las cuentas correspondientes a 2024 y de los presupuestos de 2025, lo que, según Adif, agrava la situación de bloqueo institucional.

El presunto delito de administración desleal podría conllevar responsabilidades penales, incluidas penas de prisión, en caso de que se acrediten los hechos. No obstante, el procedimiento se encuentra aún en una fase inicial. La Fiscalía deberá analizar la documentación presentada y determinar si existen indicios suficientes para continuar con la investigación o si procede el archivo de las actuaciones.