La Fiscalía reclama penas de prisión y una multa de 300.000 euros a las tres mujeres y al hombre implicados
A juicio en Valladolid los cuatro acusados que creaban empresas agrícolas ficticias para eludir deudas
La Fiscalía reclama penas de prisión y una multa de 300.000 euros a las tres mujeres y al hombre implicados
La Audiencia Provincial de Valladolid juzgará el próximo 16 de abril a cuatro personas acusadas de idear un entramado empresarial con el objetivo de defraudar a la Seguridad Social mediante la creación sucesiva de negocios agrícolas.
Según el escrito de la Fiscalía, los acusados, tres mujeres y un hombre señalado como principal responsable, habrían puesto en marcha varias empresas entre 2018 y 2021 con estructuras y plantillas similares, que eran cerradas o abandonadas cuando acumulaban deudas, para continuar la actividad bajo una nueva denominación.
El Ministerio Público solicita para los cuatro encausados tres años y nueve meses de prisión por un delito contra la Seguridad Social. Además, para el supuesto cabecilla de la trama se piden dos años y nueve meses adicionales por un delito continuado de falsedad documental. A estas penas se suman una multa de 300.000 euros y una indemnización conjunta de 105.719 euros a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.
La investigación apunta a que el principal acusado, dedicado al sector de los trabajos agrícolas, habría utilizado a los otros implicados como titulares formales de las empresas, dándolos de alta como autónomos o empresarios individuales para evitar figurar él como deudor, pese a continuar dirigiendo la actividad.
Durante ese periodo se habrían constituido al menos cuatro negocios con sede en la provincia de Valladolid, con plantillas que llegaron a superar la treintena de trabajadores. El patrón, según la Fiscalía, consistía en repetir el mismo esquema: acumular obligaciones económicas, cesar la actividad y reanudarla bajo otra empresa con idéntico funcionamiento.
Además del presunto fraude, el principal acusado también está imputado por la supuesta falsificación de documentos oficiales, al haber elaborado varias resoluciones de alta en la Seguridad Social que no se correspondían con la realidad.
El juicio permitirá esclarecer el alcance de este presunto entramado y determinar la responsabilidad penal de los implicados.
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