Nuevos testigos han reforzado este lunes en la Audiencia Provincial de Valladolid las acusaciones del denominado 'Caso ataúdes', al asegurar que las imágenes mostradas durante la investigación reflejaban a sus seres queridos en condiciones que califican de "indignas".

Durante la sesión, varios familiares han declarado que, tras acudir a dependencias policiales, reconocieron en fotografías los cuerpos de sus allegados fuera de los féretros o en ataúdes distintos a los utilizados en los velatorios.

Testimonios marcados por el dolor

Uno de los relatos más impactantes fue el de María Covadonga, que incineró a su marido en 2013. La testigo explicó que, pese a haber presenciado el proceso de incineración, años después pudo ver en imágenes el cuerpo de su esposo en el suelo junto a una identificación con su nombre.

Visiblemente emocionada, aseguró que desde entonces revive un duelo que ya había sido especialmente duro, y defendió que "nadie tiene derecho a ser tratado de esa manera".

Otros testigos coincidieron en expresar sentimientos de rabia, impotencia y tristeza, al considerar que sus familiares no recibieron un trato digno. Algunos señalaron incluso que las imágenes les generaron dudas sobre la identidad de las cenizas entregadas.

En la misma línea, varios comparecientes insistieron en el impacto emocional de los hechos. "El daño moral es irreparable", afirmó uno de ellos, mientras otros aseguraron que conocer lo sucedido les hizo revivir el proceso de duelo. Algunos familiares reconocieron no haber querido ver las fotografías, mientras que otros sí lo hicieron, enfrentándose a una situación que describieron como profundamente dolorosa.

Más de 200 años de cárcel solicitados

El juicio continuará con nuevas declaraciones en una causa en la que la Fiscalía solicita penas que superan los 200 años de prisión por un presunto fraude continuado basado en el cambio de ataúdes por otros de menor valor entre 1995 y 2015.

Entre los principales acusados se encuentran miembros de la familia responsable de la funeraria, para quienes el Ministerio Público solicita penas de hasta 20 años de cárcel por delitos como organización criminal, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental.