El presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (ECOVA), Juan Carlos De Margarida, reclamó este miércoles al Gobierno una rebaja "inmediata" de los impuestos a los carburantes para evitar que el encarecimiento del repostaje, impulsado por la guerra en Oriente Medio, dispare la inflación y afecte al conjunto de la economía.

De Margarida realizó esta petición durante la presentación del Observatorio Económico del cuarto trimestre de 2025, elaborado por el Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León (ECOVAEstudios). En su intervención advirtió de que "la inflación va a empezar a descontrolarse" si no se toman medidas rápidas.

El economista defendió que el Estado debería reducir los impuestos de forma proporcional a la evolución del precio de los carburantes, pero insistió en que la actuación debe ser inmediata. "No hay que esperar a ver qué pasa, porque una vez que suben los precios, bajarlos es muy difícil", señaló.

Impacto en precios e intereses

De Margarida alertó de que una inflación elevada podría provocar nuevos incrementos de los tipos de interés, que situó en torno a una posible subida del 0,25%, lo que, unido a la desconfianza del consumidor, agravaría la situación económica.

Además, recordó que el encarecimiento del combustible acaba trasladándose a toda la cadena de precios, desde las materias primas industriales hasta los productos básicos de los supermercados.

Riesgos si el conflicto se agrava

El presidente de ECOVA explicó que, aunque la economía de Castilla y León mantiene un buen ritmo de crecimiento, la situación internacional introduce un aumento de la "inestabilidad" y la "incertidumbre" que podría cambiar las previsiones a corto plazo.

En este sentido, advirtió de que una escalada del conflicto en Oriente Medio hacia una guerra regional tendría consecuencias globales. "Todos los países estarían en la diana y pasaríamos de la incertidumbre a una inestabilidad energética y logística por la crisis de suministros y el aumento generalizado de costes", indicó.

También alertó de que un bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, podría generar un bloqueo comercial con efectos directos en sectores como la automoción, provocando incluso nuevas crisis de componentes y posibles regulaciones de empleo.

El economista también apuntó a posibles efectos en el turismo, la inmigración o el sector primario, que podría afrontar costes inasumibles de gasóleo y fertilizantes, lo que acabaría repercutiendo en el precio de los alimentos. "No sabemos qué puede pasar", resumió.

Una economía con fortalezas

Pese a este escenario, De Margarida destacó que Castilla y León cuenta con importantes fortalezas económicas, situándose entre las comunidades con mayor capacidad de crecimiento sostenido, impulsado por el consumo interno y la inversión privada, además de un mercado laboral cercano al pleno empleo.

No obstante, subrayó que 2026 será "sin lugar a duda, un momento decisivo" para la Comunidad, que deberá afrontar reformas estructurales profundas para adaptarse al nuevo entorno económico y tecnológico.

Entre los retos citó la despoblación, la escasez de mano de obra y la reducción de fondos europeos, lo que obligará a apostar por la innovación, una gestión eficiente y la diversificación de los mercados exteriores ante la desaceleración de las exportaciones.

Asimismo, defendió reformas "urgentes y determinantes" para reducir la burocracia y la presión fiscal, revisar el gasto público para evitar despilfarros y flexibilizar los mercados.

Despoblación y productividad, principales debilidades

A juicio de De Margarida, Castilla y León puede convertirse en un "referente del crecimiento" si logra aprovechar sus recursos, atraer talento y crear un entorno atractivo para empresas y familias.

Sin embargo, recordó que la Comunidad afronta debilidades estructurales, entre ellas la despoblación, el atraso tecnológico en el medio rural -especialmente en el uso de herramientas como la inteligencia artificial o el comercio digital- y la fuerte dependencia del mercado exterior europeo, a pesar de ser la "joya de la corona" de su economía.

También citó la dificultad para reducir la deuda pública, la ausencia de presupuestos, la baja productividad laboral, los problemas de acceso a la vivienda, que limitan la movilidad laboral y la llegada de trabajadores extranjeros, y el aumento del gasto en pensiones, que presiona el presupuesto destinado a otros servicios públicos.