Valladolid fue la que más solicitudes de protección internacional a inmigrantes registró en Castilla y León durante 2025, con un total de 1.132 peticiones, situándose claramente por delante del resto de provincias de la Comunidad. Según los datos de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), a los que ha tenido acceso la Agencia Ical, en Castilla y León se tramitaron el pasado año 4.669 solicitudes de asilo, lo que supone un descenso del 36,6 por ciento respecto a 2023, cuando se alcanzó el récord histórico con 7.373 peticiones.

Dentro de ese contexto regional, Valladolid concentró el mayor volumen de solicitudes, seguida por las provincias de León, con 795, y Segovia, con 720. Por detrás se situaron Salamanca (563), Zamora (515) y Burgos (417), mientras que los datos más bajos correspondieron a Ávila (257), Palencia (204) y Soria (166).

La evolución en la Comunidad sigue la tendencia nacional, donde también se produjo un descenso en el último año. En toda España se registraron 141.642 solicitudes de protección internacional en 2025, un 15,9 por ciento menos que en 2024, cuando se alcanzó el máximo histórico con 167.749 peticiones.

A pesar de estas cifras, el crecimiento en la última década ha sido notable. En 2015 apenas se contabilizaron 105 solicitudes en Castilla y León, mientras que desde entonces más de 32.700 personas han reclamado este derecho en la Comunidad. La mayoría procedían de países como Venezuela y Colombia, seguidos por Perú, Honduras, Mali o Senegal.

Además de las solicitudes de asilo, Castilla y León también ha recibido a miles de personas bajo el sistema de protección temporal activado tras el inicio de la guerra en Ucrania. En este caso, más de 4.600 ciudadanos ucranianos llegaron a la Comunidad, la mayoría en 2022, cuando comenzó el conflicto.

Apoyo a solicitantes de asilo

En Valladolid y el resto de la Comunidad, organizaciones como Accem y Cruz Roja desempeñan un papel clave en la atención a los solicitantes de protección internacional. Actualmente, Accem gestiona alrededor de un millar de plazas para estas personas en Castilla y León.

El representante de Accem en la Comunidad, Daniel Duque, explica que la tendencia de descenso en las solicitudes responde en parte al estancamiento de algunos conflictos internacionales, como el de Ucrania. No obstante, recuerda que muchas de las personas que llegan lo hacen tras haber vivido situaciones de violencia o persecución.

El trabajo de estas organizaciones comienza cuando el extranjero comunica a la Policía su intención de solicitar protección internacional. A partir de ese momento se activan recursos que incluyen asistencia jurídica, atención psicológica y, en caso de necesidad, alojamiento y manutención.

Mientras se resuelve su solicitud -un proceso que suele prolongarse entre un año y medio y dos años- las personas solicitantes cuentan con permiso de residencia. Además, a los seis meses obtienen automáticamente autorización para trabajar, lo que facilita su integración y autonomía.