Asociaciones científicas, profesionales sanitarios y colectivos de familias han instado este jueves a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León a revisar en profundidad la reciente Guía de recomendaciones de uso de medios digitales para la comunidad educativa, al considerar que "no defiende el interés superior del menor", no recoge adecuadamente los riesgos para la salud derivados del abuso de pantallas y se apoya en normativa "obsoleta".

La comparecencia, celebrada en la sede del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León (COPCYL), ha reunido a representantes de esta entidad, de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León (APAPCYL), del proyecto Escuela Saludable de Ecologistas en Acción, de la Asociación Adolescencia Libre de Móviles y de la Asociación de Familias para una Digitalización Responsable (AFADIR), que han presentado alegaciones conjuntas al documento autonómico.

Los presentes han reconocido que la guía supone "un primer paso" y valoran la intención de regular el uso pedagógico de la tecnología, pero consideran que el texto "se queda corto" al no establecer tiempos máximos de exposición por edades ni recoger de forma explícita la evidencia científica disponible sobre sus efectos en la salud física y mental.

Falta de límites y evidencia científica

David Cortejos, decano-presidente del  COPCYL, abrió la comparecencia recordando que desde el Colegio de Psicología llevan más de una década advirtiendo de los riesgos del uso excesivo de pantallas, tanto dentro como fuera del aula.

"Cada vez hay más evidencia científica del perjuicio. Lo estamos viendo en consulta", señaló, insistiendo en que el problema no es el uso puntual con finalidad pedagógica, sino "la suma de horas de pantalla" en edades críticas para la maduración.

El representante del COPCYL defendió que en Educación Primaria no es necesario incorporar dispositivos digitales como herramienta habitual de aprendizaje. "A estas edades necesitan un aprendizaje experiencial, no mediado por una pantalla", afirmó, y cuestionó que se evalúen competencias digitales de 0 a 6 años cuando la evidencia recomienda cero horas de exposición.

También pidió que no se solicite a alumnos de Secundaria acudir con su propio smartphone para realizar tareas escolares y abogó por una "desescalada digital" tras el impulso que vivieron las tecnologías durante la pandemia.

La pediatría alerta de un problema sanitario por el uso de pantallas en la infancia

Cristina García de Ribera, representante de la Asociación Pediatría Primaria, subrayó que el impacto de las pantallas en la infancia "ya es un problema sanitario" y lamentó que la guía no recoja límites temporales claros ni mencione de forma explícita la evidencia científica disponible.

Recordó las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría: cero horas diarias hasta los seis años; una hora entre los 6 y los 12 años; máximo dos horas a partir de los 12, incluyendo tiempo escolar, deberes y ocio. "Cuando en sanidad implantamos una medida lo hacemos con evidencia detrás. Aquí se está haciendo justo lo contrario", señaló.

La pediatra ha alertado de que el uso intensivo desplaza hábitos saludables como el sueño, la actividad física o las relaciones cara a cara, y se asocia con mayor riesgo de problemas emocionales, ansiedad, síntomas depresivos y conductas adictivas. Especial preocupación generan, dijo, los menores de seis años y los adolescentes, etapas clave para el neurodesarrollo y la regulación emocional.

Las familias denuncian falta de regulación y riesgos en la digitalización escolar

Pablo Barahona, presidente de la Asociación de Familias por una Digitalización Responsable, trasladó el impacto que, a su juicio, está teniendo la digitalización intensiva en los hogares. "Esto no es un debate teórico, es la vida real", afirmó. Según explicó, en muchos centros, especialmente concertados,  los libros de texto desaparecen a partir de determinados cursos y se sustituyen por portátiles o tabletas que las familias deben adquirir obligatoriamente.

"Cuando ese dispositivo entra en casa no son solo deberes: es una puerta abierta a internet, a la hiperconexión y a riesgos que las familias no siempre pueden gestionar", señaló. También denunció desigualdades entre provincias en la respuesta de la Inspección Educativa y lamentó que, tras presentar más de 1.200 firmas y acudir al Procurador del Común, aún no hayan obtenido una regulación clara. "Si no se mide el tiempo real de uso, no se puede evaluar ni corregir. No puede ser un experimento con nuestros hijos", concluyó.

Presión social, chats escolares y adelanto tecnológico

Noelia Muelas, delegada de Adolescencia Libre de Móviles en Castilla y León, puso el foco en la presión social y en los problemas derivados del uso de dispositivos individuales y chats escolares. Explicó que cuando un menor recibe un dispositivo propio "lo hace suyo" y resulta difícil establecer límites coherentes entre familia y escuela.

Advirtió además del uso inadecuado de herramientas como chats educativos, que pueden derivar en conflictos, presión social o ciberacoso. "El futuro será digital, pero no hay necesidad de adelantar algo que les va a acompañar toda su vida", afirmó. "No somos enemigos de la tecnología, queremos ser aliados de la educación para proteger a los menores".

Normativa desactualizada

Otro de los reproches que han planteado se dirige al marco normativo en el que se basa la guía, que incluye referencias a una regulación de 2007 sobre "aparatos electrónicos", anterior al actual ecosistema digital dominado por redes sociales, aplicaciones, plataformas de gamificación e inteligencia artificial. Según las entidades, esta carencia normativa dificulta abordar fenómenos contemporáneos como la huella digital, la privacidad, los deepfakes o nuevas formas de acoso en línea.

Pasar de la recomendación a la regulación

Las asociaciones han insistido en que no se oponen al uso educativo de la tecnología, siempre que sea limitado, acompañado y adaptado a la edad. "Hay alternativas para aprender lo mismo sin necesidad de sumar horas de pantalla", han señalado.

En su comparecencia han pedido una reunión formal con la Consejería de Educación para incorporar sus alegaciones y transformar la guía en una regulación clara, medible y común para todos los centros sostenidos con fondos públicos. "El futuro será digital, pero no hay prisa por adelantar etapas",