Cinco personas serán juzgadas el próximo martes en la Audiencia Provincial de Valladolid acusadas de integrar una organización dedicada a la trata de mujeres procedentes de Paraguay para su explotación sexual en España. El Ministerio Público solicita penas de prisión que van desde los ocho años hasta un máximo de 48 para la principal responsable del entramado.

Según el escrito de acusación, los hechos se produjeron al menos desde la segunda mitad de 2021 hasta noviembre de 2022, periodo durante el cual la red captó a mujeres jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad económica y familiar. Tras ganarse su confianza, las trasladaban a España para obligarlas a ejercer la prostitución en una vivienda situada en Valladolid, donde vivían hacinadas y bajo un férreo control.

La Fiscalía sitúa al frente de la organización a Lorenza C. P., para quien solicita la pena más elevada. Considera acreditado que era quien tomaba las decisiones clave del grupo: desde la captación de las víctimas y la financiación de los viajes hasta la gestión diaria de la vivienda y la forma en que las mujeres eran explotadas sexualmente. En algunos casos, el traslado se realizaba siguiendo rutas complejas desde Paraguay, con escalas en Brasil y Francia antes de entrar en territorio español.

Una vez en Valladolid, las víctimas eran alojadas en condiciones precarias, compartiendo literas en habitaciones ocupadas por hasta cinco personas. El inmueble contaba con sistemas de videovigilancia y audio para supervisar permanentemente su comportamiento. Las mujeres debían permanecer disponibles las 24 horas del día, arregladas y maquilladas, y solo podían salir del domicilio durante un tiempo muy limitado y bajo autorización previa.

La investigación policial destapó además que las víctimas eran fotografiadas con lencería o semidesnudas para anunciar sus servicios en páginas web de contactos sexuales. Algunos clientes podían solicitar sustancias estupefacientes, como cocaína, cuya obtención y distribución estaría vinculada a otro de los acusados, pareja sentimental de la principal procesada.

El escrito del fiscal detalla distintos grados de participación del resto de acusados. En un momento dado, una familiar directa de la líder asumió funciones de gestión y control para dificultar la imputación directa de esta. Otros integrantes del grupo se encargaban, presuntamente, de la captación de mujeres en Paraguay y de facilitar su traslado a Europa.

Las acusaciones incluyen delitos de trata de seres humanos, prostitución coactiva, favorecimiento de la prostitución ajena, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a grupo criminal. El juicio oral permitirá determinar la responsabilidad penal de cada uno de los procesados en una causa que pone de relieve la gravedad y complejidad de las redes de explotación sexual.