Varios exempleados del grupo funerario El Salvador de Valladolid han asegurado ante el tribunal que desconocían "por completo" la posible reventa de féretros, una práctica que, según han indicado, solo conocieron cuando el caso salió a la luz pública a través de los medios de comunicación.

Las declaraciones se han producido este lunes, 20 de abril, en la Audiencia de Valladolid, donde se celebra el juicio contra veintitrés personas acusadas de retirar ataúdes a los fallecidos justo antes de su incineración para reutilizarlos y volver a venderlos en el tanatorio.

Uno de los testigos, que trabajó en la empresa en diferentes etapas entre 2004 y 2015, afirmó que nunca tuvo constancia de estas prácticas y que le causaron "sorpresa" cuando trascendieron. En la misma línea, negó tener conocimiento de una supuesta extorsión por parte de un antiguo compañero, ya fallecido, que presuntamente habría amenazado al propietario del grupo con hacer públicas irregularidades si no recibía ciertos pagos.

Sobre este trabajador, el testigo lo describió como "una persona de comportamiento extraño" y relató episodios en los que le impedía realizar tareas cotidianas, como recoger agua para su jornada laboral. Según explicó, trasladó estas situaciones al responsable de la empresa, quien le aseguró que "hablaría con él".

Otra exempleada, dedicada a labores de limpieza, coincidió en señalar "tensiones" entre ese mismo trabajador y la dirección. Según su testimonio, el empleado criticaba "duramente" al propietario por negarse a contratar a su hijo, llegando a advertir que esa decisión "tendría consecuencias", aunque en ese momento no interpretó el alcance de esas palabras.

Durante la sesión, varios testigos también subrayaron que, pese a la jubilación del dueño de la empresa, este "continuaba tomando decisiones" y dirigiendo la actividad. Un trabajador administrativo, con décadas de experiencia en la compañía y familiar del antiguo propietario, confirmó que el control económico, "especialmente del dinero en efectivo", permanecía en manos de este.

Este mismo testigo reconoció además irregularidades pasadas en la gestión contable de la empresa, señalando que durante un tiempo "no se cumplieron correctamente las obligaciones fiscales", situación que se corrigió tras recibir requerimientos de la Agencia Tributaria y sustituir al responsable de contabilidad.

La vista oral continuará el próximo 27 de abril con la comparecencia de nuevos testigos, en un proceso que trata de esclarecer el alcance de unas prácticas que han generado una fuerte polémica en el sector funerario.