La inspectora de Policía que ha denunciado por agresión sexual al exdirector adjunto operativo (DAO) José Ángel González ha solicitado al juzgado que investiga los hechos la "plena reserva y salvaguarda" de los audios entregados como prueba para sustentar su querella. El exDAO, que fue comisario provincial de Valladolid entre los años 2005 y 2014, abandonó su cargo tras la admisión a trámite de la denuncia. La causa la instruye el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8.

El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, remitió el pasado viernes al juzgado "toda la prueba" mencionada en la querella, después de que así se le requiriera. Entre la documentación aportada, figura un listado de llamadas recibidas por la agente por parte del exnúmero dos de la Policía, pantallazos de mensajes de WhatsApp y una grabación de audios que, según la defensa, respaldan los hechos denunciados.

En el escrito presentado junto a ese material, la representación legal solicitó que la prueba quede bajo custodia judicial y que solo pueda ser consultada en el juzgado, en presencia de la letrada de la Administración de Justicia, con el objetivo de "evitar más filtraciones que vulneran la identidad" de la denunciante.

El letrado censura la "reprobable situación" que, según sostiene, se ha producido desde que la querella fue admitida a trámite, al haberse filtrado tanto el contenido del procedimiento como datos personales de la inspectora. De acuerdo con el escrito, la agente ha precisado escolta policial para garantizar su seguridad.

La querella detalla el contenido de diversas conversaciones. En una de ellas participa el comisario Óscar San Juan, considerado hombre de confianza del exDAO y que también ha sido relevado del puesto por presuntamente coaccionar a la víctima. Según la denuncia, la inspectora mantuvo en el pasado una "relación de afectividad" con González y sostiene que el 23 de abril de 2025 fue agredida sexualmente en una vivienda oficial del Ministerio del Interior, a la que asegura que fue presionada para acudir.

El texto de la querella subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la existencia de "violencia física" y "intimidación ambiental", y describe una "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental". La investigación judicial continúa abierta a la espera de la práctica de nuevas diligencias y del análisis del material probatorio aportado por la denunciante.