El Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Valladolid ha presentado una denuncia penal contra el Ayuntamiento de Pollos, la diputada provincial Myriam Martín y la empresa adjudicataria de unas obras vinculadas a una subvención para el abastecimiento de agua, al considerar que se concedieron fondos públicos para una actuación que, según sostienen, no se ha ejecutado.

Según ha informado el PSOE provincial, la actuación judicial se produce tras tener conocimiento de la concesión de una ayuda y de la presentación de una factura de 15.000 euros por la supuesta sustitución de la bomba de suministro de agua del municipio y su equipamiento asociado -tuberías y juntas-, una obra que, aseguran, no se ha llevado a cabo.

El portavoz socialista en la Diputación, Francisco Ferreira, afirma que esta circunstancia queda acreditada en un informe emitido por un técnico de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, tras inspeccionar la intervención en Pollos. "Así lo atestigua el informe presentado por un técnico de la Consejería tras inspeccionar la supuesta obra en el municipio", sostiene Ferreira.

La subvención y las dudas sobre la ejecución

De acuerdo con la versión del PSOE, el Ayuntamiento de Pollos solicitó en agosto de 2025 una subvención con cargo a una línea dotada con 200.000 euros, procedentes de la Junta de Castilla y León y gestionados por la Diputación de Valladolid, destinada a actuaciones de mejora en el abastecimiento de agua. La ayuda tenía como finalidad la sustitución de la bomba de suministro y otros elementos asociados.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Pollos, tras albergar sospechas sobre la ejecución de la obra y después de la visita de un técnico de la Junta, formuló una pregunta en el pleno de septiembre de 2025. Según relatan, el alcalde, Luis Ángel García, respondió que se trataba de "una obra de cambio de llaves y limpieza" incluida en la subvención de abastecimiento de agua de 2025 de la Diputación.

Sin embargo, los socialistas aseguran que en la factura emitida por la empresa adjudicataria se detalla la sustitución de la bomba y de las tuberías, una actuación que, subrayan, no puede considerarse menor. Recuerdan, además, que la avería fue detectada el 25 de marzo de 2025, según un informe de SOMACYL, que alertaba de la gravedad de la situación, mientras que la factura de reparación está fechada en agosto del mismo año, "a pesar de la urgencia que parecía requerir la intervención".

"La extracción y sustitución de la bomba implica la retirada de 20 metros de tubería y la intervención de un camión grúa, tal y como se detalla en la factura", apuntan desde el PSOE provincial.

El informe técnico y la tramitación en Diputación

Tras tener conocimiento de estos hechos, el Grupo Socialista en la Diputación solicitó el expediente completo de la subvención y el informe de inspección del técnico de la Junta. Según indican, el Técnico de Infraestructuras Ambientales del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid señaló en su informe que "las obras mostradas no coinciden con la solicitada en la subvención", circunstancia que, siempre según el PSOE, comunicó verbalmente a los responsables de la Diputación encargados de gestionar el expediente.

El asunto fue abordado en la Comisión de Cooperación y Atención a Municipios el 22 de octubre de 2025, donde el Grupo Socialista puso de manifiesto la supuesta no ejecución de la inversión subvencionada. Según consta en el acta, la presidencia se comprometió a comprobar los hechos.

Pese a ello, los socialistas aseguran que la diputada responsable del Área de Asistencia y Cooperación a Municipios, Myriam Martín, fue advertida de las irregularidades detectadas y que, aun así, la subvención fue aprobada tanto en comisión como en el pleno del 31 de octubre de 2025, con el voto en contra del PSOE.

Posibles responsabilidades penales

Por estos motivos, el Grupo Socialista ha presentado denuncia contra la diputada provincial, el alcalde de Pollos y la empresa adjudicataria para que se investiguen posibles responsabilidades penales. Francisco Ferreira sostiene que podrían existir delitos de prevaricación, falsificación de documento público y malversación.

"Como ya advertimos en su momento en pleno, cualquier irregularidad que se produzca en lo público tan culpable es quien lo hace como quien tiene conocimiento y mira para otro lado", ha manifestado el portavoz socialista. Asimismo, el PSOE ha solicitado al presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, que depure responsabilidades y asuma las consecuencias políticas que pudieran derivarse del caso.