Un total de 479 trabajadores de la provincia de Valladolid tuvieron que acudir en 2025 al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para poder cobrar parte de sus salarios e indemnizaciones tras la insolvencia de sus empresas. La cifra supone un descenso del 5,5 por ciento respecto a los 507 afectados contabilizados en 2020, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Ical.

Este comportamiento sitúa a Valladolid entre las provincias con una evolución más estable del recurso al Fogasa en el último lustro, en contraste con descensos mucho más acusados registrados en otros territorios de Castilla y León.

No obstante, y pese a la reducción del número de trabajadores afectados, el número de empresas vallisoletanas que dejaron de abonar nóminas aumentó un 14,9 por ciento, hasta alcanzar las 201 compañías en 2025, frente a las 175 de cinco años antes. Se trata de uno de los mayores incrementos empresariales de la Comunidad en este periodo.

En cuanto a las cuantías abonadas, el Fogasa destinó en 2025 3,05 millones de euros a los trabajadores afectados en la provincia, lo que representa una leve contracción del 2,1 por ciento respecto a 2020. Esta caída es significativamente menor que la registrada en otras provincias y refleja una mayor contención en la reducción de prestaciones en Valladolid.

En el conjunto de Castilla y León, 1.874 trabajadores recurrieron al Fogasa el pasado año, un 15,4 por ciento menos que en 2020, con pagos totales que ascendieron a 13,2 millones de euros. Dentro de ese contexto autonómico, Valladolid concentró una parte relevante tanto de los expedientes como de las cuantías abonadas, manteniéndose como una de las provincias con mayor peso económico y laboral en la Comunidad.

La evolución provincial confirma, además, la tendencia general de descenso del uso del Fogasa iniciada tras los años más duros de la crisis financiera e inmobiliaria, aunque en el caso de Valladolid se aprecia una mayor resiliencia del empleo, acompañada, eso sí, de un repunte en el número de empresas con dificultades para afrontar sus obligaciones salariales.