Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Valladolid han expresado su rechazo al Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2026-2030, aprobado definitivamente este viernes con los votos del Partido Popular y Vox. Tanto el Grupo Municipal Socialista como Valladolid Toma la Palabra (VTLP) consideran que el documento supone un retroceso en las políticas públicas de vivienda, aunque centran sus críticas en aspectos diferentes del plan.

Desde el PSOE, su concejal Luis Vélez sostiene que el texto aprobado es el resultado de un proceso "recortado y ideologizado", que, a su juicio, rompe con los marcos europeos de referencia en materia de vivienda. Los socialistas denuncian que el plan elimina referencias clave a la Agenda 2030, a la Agenda Urbana Europea y a estrategias climáticas y energéticas, lo que, según advierten, podría poner en riesgo la llegada de fondos europeos vinculados a rehabilitación, regeneración urbana y transición energética.

El Grupo Socialista también critica que el Ayuntamiento haya desestimado la mayoría de las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública y que no se hayan incorporado propuestas realizadas por la Mesa de la Vivienda ni por el propio grupo municipal. Además, subraya que el plan se aprueba manteniendo un informe de impacto de género desfavorable, que señala carencias como la ausencia de datos desagregados, la falta de indicadores específicos y la insuficiente concreción de medidas de igualdad. Para el PSOE, esta circunstancia sitúa el documento fuera de las exigencias normativas en materia de igualdad.

Por su parte, Valladolid Toma la Palabra centra sus críticas en el impacto social del plan y en la protección de las familias más vulnerables. La concejala Cristina Colino califica el documento como un "retroceso social sin precedentes" y denuncia que se haya tramitado "con prisas y sin un debate público suficiente". VTLP presentó 44 alegaciones, entre las que destaca la exigencia de recuperar de forma explícita la Renta Social Variable Solidaria, un sistema que garantizaba que las familias del parque municipal no destinaran más del 30 % de sus ingresos al alquiler.

Según el grupo municipalista, el nuevo plan sustituye este criterio por una referencia genérica a "renta social", sin garantías jurídicas ni criterios técnicos claros, lo que, a su juicio, genera inseguridad para las personas inquilinas. También alertan de que el documento renuncia a aplicar de forma efectiva la Ley de Vivienda y evita utilizar instrumentos públicos para intervenir en el mercado del alquiler.

VTLP cuestiona además el cambio en el programa ALVA, que pasa de un modelo de intermediación pública gestionado por la Sociedad VIVA a otro basado en seguros privados de impago. Para el grupo, este giro supone una pérdida de capacidad de gestión pública en materia de vivienda.

Ambos partidos de la oposición han anunciado su voto en contra del plan y coinciden en que el documento aprobado marca un cambio de rumbo en la política municipal de vivienda, aunque desde perspectivas distintas: el PSOE pone el foco en el encaje europeo, la igualdad y la financiación, mientras que VTLP subraya el impacto social y la protección de los colectivos más vulnerables.