Los cuatro activistas detenidos en Valladolid por protestar el pasado 11 de septiembre durante una etapa de la Vuelta Ciclista a España contra la participación del equipo israelí Premier Tech han rechazado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Aunque reconocen haber llevado a cabo la acción, sostienen que ello "no implica que los hechos sean constitutivos de delito", según defendieron este lunes a las puertas de los Juzgados de la capital vallisoletana.

El abogado defensor, Erlantz Ibarrondo, acompañado por uno de los investigados, Jorge Lebrero, explicó que los activistas estaban citados para explorar un posible pacto que conllevara una rebaja de las penas. Sin embargo, la comparecencia fue suspendida en el último momento por un error en el trámite de citación, circunstancia que los encausados vinculan a su negativa a alcanzar un acuerdo con el Ministerio Fiscal.

Ibarrondo subrayó que admitir la realización de una protesta no equivale a aceptar la comisión de un delito y avanzó que el procedimiento podría continuar una vez se dicte el auto de transformación a procedimiento abreviado y la Fiscalía decida si formula acusación contra los tres hombres y la mujer investigados. A su juicio, el debate jurídico se centra en determinar si las protestas durante la Vuelta pueden ser consideradas delictivas, una interpretación que, de prosperar, "sentaría un precedente negativo para el futuro de los movimientos sociales".

En paralelo al proceso penal, la Subdelegación del Gobierno en Valladolid impuso a los activistas dos sanciones de 300 euros y otras dos de 600 euros, cuya ejecución ha quedado en suspenso hasta que se resuelva la vía judicial.

Durante la comparecencia, una veintena de personas se concentraron frente a los juzgados en señal de apoyo, portando banderas palestinas y una pancarta con el lema ‘Basta ya de represión al movimiento popular’.

Por su parte, el activista Jorge Lebrero aseguró que el único acuerdo aceptable sería la retirada total de los cargos y lamentó que el conflicto entre Israel y Palestina "esté cayendo en el olvido". "No es una cuestión de cuánto se nos sancione, sino de que esto no debería suceder. Perseguir a quien denuncia un genocidio no puede ser un delito", afirmó, añadiendo que están dispuestos a asumir consecuencias personales y económicas para defender su postura.