Además de la pena de prisión, el TSJCyL ha confirmado otras medidas: la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros o de comunicarse con ella por cualquier medio durante ocho años; y la libertad vigilada durante cinco años tras el cumplimiento de la pena.

Asimismo, se impone la inhabilitación durante cinco años desde la salida de prisión para ejercer cualquier profesión u oficio que implique contacto regular con menores. En concepto de responsabilidad civil, el tribunal confirma el pago de 3.000 euros a la víctima, así como el abono de las costas procesales.

Con esta resolución, el TSJCyL respalda el fallo de la Audiencia de Valladolid y refuerza las medidas de protección hacia la menor, priorizando su seguridad y el cumplimiento de las sanciones complementarias al cumplimiento de la pena de prisión.