Los trabajadores alertan de una creciente conflictividad, elevada ocupación y falta de medidas para frenar los episodios violentos
Colectivos ecologistas y vecinales rechazan suspender la ZBE de Valladolid por Pingüinos
Critican que el Ayuntamiento priorice el impacto económico y estudian denunciar la medida ante otras administraciones
Varios colectivos sociales y medioambientales han mostrado su rechazo a la suspensión temporal de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Valladolid con motivo de la celebración del evento Pingüinos. En concreto, ARBA-Valladolid, la Asamblea Ciclista de Valladolid, la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado, Greenpeace y el colectivo La Curva se oponen a la decisión municipal.
La suspensión de la ZBE entrará en vigor el jueves 8 de enero y se prolongará hasta las 23.59 horas del domingo 11, periodo durante el cual quedarán sin efecto las limitaciones de acceso al área regulada. El Ayuntamiento de Valladolid justifica la medida "ante la necesidad de facilitar la movilidad hacia hoteles, restaurantes y zonas de ocio de miles de visitantes".
Sin embargo, los colectivos firmantes recuerdan que el acceso a establecimientos hoteleros "ya está contemplado como una excepción" dentro de la ordenanza reguladora de la ZBE, por lo que consideran que el argumento municipal "no se sostiene".
En su comunicado, insisten además en que la normativa estatal establece la obligación de implantar zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes "cuando se superen los valores límite de contaminación", una circunstancia que, a su juicio, se dará durante la celebración del evento.
En este sentido, advierten de que la concentración supondrá la presencia de "treinta mil motos, además de otros vehículos a motor, circulando o concentrados en Valladolid, emitiendo una contaminación excesiva tanto de gases como de ruido". Por ello, se preguntan si "es el mejor momento para suspender una normativa municipal obligatoria por ley".
Los colectivos acusan al consistorio de priorizar "el beneficio económico" y de "obviar la legislación nacional y su propia normativa municipal". Asimismo, anuncian que estudian trasladar esta situación al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la Junta de Castilla y León y, si fuera necesario, a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo.
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