La Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVA) se encuentra este lunes ante uno de los momentos más decisivos de su historia: la posible disolución de una entidad creada en 2003 para promover el soterramiento del ferrocarril en la ciudad y transformada en 2017 para impulsar la integración urbana de las vías. Las reuniones clave se celebrarán en la sala multiusos de la estación Campo Grande, que actualmente se encuentra en proceso de reforma y ampliación.
La convocatoria llega tras la petición del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y el anuncio realizado el pasado 8 de octubre por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien advirtió que, ante la falta de avances en proyectos emblemáticos como los pasos de Ariza o Arco de Ladrillo y la ausencia de consenso interno, se activaría la disolución de la sociedad.
Tres citas, un futuro incierto
La jornada arrancará a las 16:30 horas con la comisión de seguimiento del convenio de integración del ferrocarril, donde se evaluará la ejecución del convenio y el cumplimiento de obligaciones por las partes, y se analizará la posible resolución del acuerdo. A continuación, a las 17:00 horas, el Consejo de Administración debatirá la aprobación de certificados de obra de pasos bajo las vías, la propuesta de nombramiento de auditores para 2025-2027 y el informe sobre el recurso contencioso-administrativo presentado por la SVA contra el Ayuntamiento por el pago de 1,23 millones de euros.
La última y más trascendental cita, la Junta General Extraordinaria, comenzará a las 17:30 horas. En ella se decidirá formalmente sobre la disolución de la sociedad, la apertura del periodo de liquidación y el nombramiento de los liquidadores.
Bloqueo político y judicialización posible
Renfe y Adif representan el 50% de la sociedad, insuficiente para aprobar la disolución, que requiere un 75%. Por el momento, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid se oponen a cerrar la entidad, lo que obliga al Ministerio a estudiar la vía judicial para resolver la situación. En ese escenario, un juez determinará la distribución de activos y pasivos de la SVA, incluida la deuda de 404 millones de euros asumida en 2017, estableciendo qué parte corresponde a cada administración.
Retransmisión para la ciudadanía
Un total de 13 colectivos sociales han solicitado la emisión en directo de las sesiones. El Ministerio de Transportes trabaja para retransmitir las tres citas, incluyendo la comisión de seguimiento y el Consejo de Administración, con la autorización del Ayuntamiento. Está confirmada la presencia del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, presidente de la SVA, en las reuniones que arrancarán a las 16:30 horas.
La jornada promete ser decisiva para el futuro de un proyecto histórico que ha marcado durante más de dos décadas los debates sobre la movilidad y el urbanismo en Valladolid.
