El pulso entre el Partido Popular y Vox se extiende como una sombra innecesaria sobre la política castellano y leonesa. Innecesaria, porque ambos partidos —más allá de los matices y de los egos— están condenados a entenderse. La derecha española no tiene margen para el lujo de la división, y sin embargo, asiste desde hace meses a una escalada de desencuentros que roza lo absurdo.

Castilla y León fue el primer laboratorio de esa convivencia forzada. Allí donde se fraguó el primer gobierno de coalición entre PP y Vox, también se gestó su ruptura más visible. Las tensiones, los vetos cruzados y el ruido mediático han convertido lo que debió ser un ensayo de estabilidad en un ejemplo de desgaste. Y ahora el conflicto se extiende a los ayuntamientos, como el de Medina del Campo, donde los puentes entre ambas formaciones parecen saltar por los aires.

Mientras tanto, en Madrid, Feijóo y Abascal mantienen abierto un canal de diálogo que intenta, con dificultad, recomponer la foto de familia. Ambos saben que sin un mínimo entendimiento, la alternativa al bloque de la izquierda se debilita. Pero también saben que la competencia por el espacio de la derecha se ha convertido en una batalla de identidades: Vox necesita marcar distancias para sobrevivir, y el PP aspira a absorber a los votantes desencantados con el tono y las formas de los de Abascal.

El resultado es un juego de suma cero que desgasta a todos. La ciudadanía, que demanda soluciones y estabilidad, asiste desconcertada a un enfrentamiento fratricida entre socios potenciales. Castilla y León, como ahora Valencia, vuelve a ser, una vez más, el espejo de un problema mayor: la incapacidad de la política para anteponer la gestión al cálculo electoral.

En algún momento, PP y Vox deberán asumir que el adversario real no está enfrente, sino en la abstención, en la desafección y en el hartazgo de una sociedad cansada de tacticismos. Si no lo entienden, el precio de esta absurda prolongación del conflicto lo acabarán pagando los ciudadanos.