CCOO ha denunciado este lunes, 27 de octubre, el caso de explotación laboral destapado en un establecimiento hostelero de Valladolid durante este fin de semana. Dicho caso terminó con la detención de un empreserario que imponía jornadas de diez horas diarias, salarios de 800 euros, ausencia de contratos y no dio alta en la Seguridad Social ni vacaciones a sus empleados. "Una situación absolutamente inaceptable que vulnera los derechos laborales más básicos y la dignidad de las personas trabajadoras", explican desde el sindicato.

Han valorado la actuación de la Policía Nacional y de la Inspección de Trabajo cuya investigación ha permitido destapar "un modelo de negocio basado en el abuso, la precariedad y la ilegalidad", pero han exigido que las administraciones "no se limiten a intervenir solo cuando el daño ya está hecho". 

"Este caso demuestra que la explotación laboral no es una excepción: es una consecuencia directa de un modelo económico que permite que algunos empresarios sigan enriqueciéndose a costa de la vulnerabilidad de otras personas", denunció el responsable de Acción Sindical de la Federación de Servicios de CCOO Castilla y León, Javier Cuevas.

El sindicato ha insistido en la "necesidad" de mejorar las plantillas de la Inspección de Trabajo, principalmente en sectores como el de la hostelería, "donde proliferan los contratos irregulares, las jornadas abusivas y las condiciones indignas", debido a que los salarios de las personas que trabajan en dicho sector "se encuentran en el umbral del SMI, con una media de 1.323 euros brutos, aproximadamente, en 12 pagas". CCOO ha considerado que, con este tipo de salarios, "no se incentiva el interés para trabajar en el sector de la hostelería".

Además de esto, el sindicato ha recordado que la lucha contra la explotación laboral y la economía sumergida "es una cuestión de justicia social y de competencia leal". "Quienes cumplen con la ley no pueden verse perjudicados frente a quienes vulneran sistemáticamente los derechos de sus empleados y empleadas", subrayó.

Finalmente, la organización sindical remarcó su 'compromiso' con los trabajadores, "independientemente de su origen o situación administrativa", y exigió que las víctimas de estas prácticas "tengan garantizada la protección, regularización y apoyo necesarios".