El Grupo Municipal Socialista de Valladolid (GMS-PSOE) ha denunciado públicamente que el alcalde, Jesús Julio Carnero, (PP) ha vetado por segunda vez una moción presentada por su grupo para su debate en el Pleno del próximo lunes. La propuesta instaba al regidor a asumir personalmente -o delegar en un concejal- las funciones actualmente desempeñadas por el denominado "alcalde B", figura oficializada como Director de Coordinación de Políticas Públicas.

Según los socialistas, este veto constituye un nuevo "bloqueo al control democrático" en el Ayuntamiento. "Vetar de nuevo una moción del PSOE es un inadmisible tapón a la transparencia y al derecho de los grupos a debatir libremente", ha señalado Pedro Herrero, portavoz del GMS-PSOE, en una nota remitida a los medios.

La moción -que finalmente no se incluirá en el orden del día- pedía reintegrar las funciones políticas delegadas en este cargo en el propio alcalde o en un miembro de su equipo, con el objetivo de "recuperar la dirección política desde la Alcaldía".

La figura del "alcalde B" y la sentencia del TSJ

El enfrentamiento político se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) emitiera la sentencia nº 1493/2024, que declara nulo el acuerdo de la Junta de Gobierno del 21 de agosto de 2023 por el que se creó el puesto de Director de Coordinación de Políticas Públicas.

En su resolución, el alto tribunal considera que este cargo "culmina la organización administrativa" y, por tanto, debería haber sido aprobado por el Pleno municipal mediante la modificación del Reglamento Orgánico, al tratarse de un órgano directivo y no de una simple unidad administrativa.

El fallo estima el recurso presentado por Pedro Herrero en nombre del grupo socialista y concluye que la creación del puesto "no es conforme con el ordenamiento jurídico".

Coste y críticas a la gestión

Pese a la sentencia, el PSOE denuncia que PP y Vox modificaron de urgencia el Reglamento Orgánico para mantener la estructura en torno a esta figura, lo que, a juicio de los socialistas, "hurta al Pleno la posibilidad de evaluar su eficacia".

El puesto, conocido popularmente como "alcalde B", tiene un coste anual de 156.762 euros, lo que supondría más de 620.000 euros en el conjunto del mandato. Según los cálculos del PSOE, ya se habrían desembolsado más de 320.000 euros desde su creación.

Los socialistas sostienen que este cargo "desnaturaliza las funciones propias de dirección política que antes correspondían a un teniente de alcalde". Además, recuerdan que Carnero compatibiliza la Alcaldía con su escaño en el Senado y la presidencia de una comisión, lo que, según el grupo, "merma su dedicación a la ciudad y agrava la descoordinación municipal".

El PSOE exige que la moción vetada se incluya de inmediato en el orden del día del Pleno, al considerar que su exclusión vulnera los derechos fundamentales de representación política.

"Los vallisoletanos no se merecen un alcalde que vete las iniciativas que no le gustan. Necesitan un alcalde que respete la Constitución y trabaje por la ciudad", concluyó Herrero.