El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha rechazado este lunes que su oposición a la construcción de tres pasos en la zona vallisoletana de Ariza pueda tener naturaleza penal, como sostiene la Plataforma por la Integración Ferroviaria, que ultima una querella por administración desleal contra él y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

"En esa sociedad hay un juego ordinario de los socios que entendemos que en absoluto puede tener naturaleza penal", aseguró Suárez-Quiñones durante la rueda de prensa en la que presentó las ayudas al alquiler y a la accesibilidad correspondientes a este año.

El consejero mostró su "disposición y confianza absoluta" en la Justicia y defendió que cualquier ciudadano puede ejercer las acciones que considere oportunas. En este sentido, insistió en que la Junta "ha estado siempre al lado de la ciudad de Valladolid y de sus representantes", recordando que ese apoyo se mantuvo también "cuando Óscar Puente era alcalde" y ahora como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

"Entendemos que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad es útil y está ejecutando obras que no siempre tienen que coincidir con las que quiere la parte estatal", señaló el consejero, aludiendo a que el propio Ministerio también ha rechazado acometer proyectos planteados por el Ayuntamiento.

Suárez-Quiñones subrayó que las discrepancias entre los socios deben resolverse en el seno de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad o, en su caso, en el juzgado mercantil, "para determinar los conflictos que hay entre los socios de una sociedad sometida a la Ley de Sociedades y Capitales".

Cabe recordar que el pasado 6 de octubre el ministro Óscar Puente anunció que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad iniciaría los trámites para su disolución debido, según afirmó, al bloqueo por parte del Ayuntamiento y de la Junta en el proyecto de integración ferroviaria en superficie en la capital vallisoletana.