La vicepresidenta autonómica y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha exigido este domingo al Gobierno central que cumpla la ley y financie el 50 por ciento del coste de las ayudas a la dependencia, tal y como establece la normativa.

Blanco ha recordado que la Ley de Dependencia determina que el Estado debe sufragar la mitad del gasto, aunque en la actualidad solo aporta "poco más de 320 millones de euros" de los 888 millones que cuestan las prestaciones en Castilla y León, lo que supone aproximadamente un 36 por ciento.

La consejera ha señalado que el Gobierno de España ha garantizado al País Vasco que asumirá la mitad del coste, y ha reclamado el mismo trato para Castilla y León, ya que —en sus palabras— "las personas de esta comunidad autónoma no pueden salir perjudicadas".

Asimismo, Blanco ha criticado que el Ejecutivo central trabaje en una nueva Ley de Dependencia sin contemplar la financiación ni los recursos necesarios para su aplicación.

Durante su intervención en Zamora, la consejera también se ha referido al último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, que cifra en 8.567 las personas pendientes de reconocimiento en Castilla y León, con un tiempo medio de tramitación de 113 días, el más bajo de toda España.

Al respecto, Blanco ha subrayado que el sistema de atención a la dependencia de Castilla y León "no tiene lista de espera" y que la Comunidad resuelve más solicitudes y en menos tiempo que cualquier otra región del país.

Finalmente, ha atribuido estos resultados al trabajo conjunto entre la Junta, las asociaciones y las entidades locales, entre ellas los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales, que colaboran en la gestión de los servicios de atención a la dependencia.