El PSOE de Castilla y León mantiene, al menos en el discurso, su mano tendida hacia la Junta para alcanzar un acuerdo en los presupuestos autonómicos. Sin embargo, ni el propio partido parece creer en esa posibilidad. "No esperamos nada", repiten sus dirigentes. Y esa frase resume el clima político en el que se mueve hoy la Comunidad: un escenario en el que la colaboración institucional se enuncia, pero no se practica.

Mientras tanto, este mismo PSOE que predica diálogo ha contribuido a sacar adelante una ley de publicidad institucional que amenaza con asfixiar a buena parte de las empresas de comunicación de Castilla y León. Se trata de una norma indecente por su planteamiento y efectos, que pone en riesgo la estabilidad económica, el empleo y, sobre todo, la libertad de expresión. Lo paradójico —y lo grave— es que esta decisión se ha tomado de la mano de VOX, fuerza que, aunque ya no forma parte del Gobierno autonómico, pretende seguir marcando el pulso político en la derecha castellano y leonesa.

Dentro del propio PSOE regional, la facción de Luis Tudanca no compartía la iniciativa. Pero la corriente liderada por Carlos Martínez, empeñada en proyectar una imagen de renovación, ha optado por un movimiento torpe y contradictorio justo en el arranque de lo que pretende ser un nuevo liderazgo. Esa confusión estratégica no solo erosiona su credibilidad, sino que mina la cohesión interna del partido y su papel como alternativa.

Por su parte, el Gobierno autonómico tampoco sale indemne de este episodio. Su incapacidad para reconducir la situación o buscar una vía de entendimiento que permita derogar una ley tan lesiva deja en evidencia una preocupante falta de reflejos políticos. Pero conviene no perder de vista al verdadero responsable: VOX, impulsor de una normativa que responde más a un intento de control ideológico que a un criterio de eficiencia o transparencia.

En definitiva, Castilla y León asiste una vez más a una política de gestos vacíos y alianzas contra natura. La mano tendida de unos y la cerrazón de otros solo conducen a un mismo resultado: una democracia regional más débil, una prensa más vulnerable y una ciudadanía peor informada.