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Redondo propone blindar el derecho al aborto en la Constitución frente a una "ola reaccionaria"
La ministra de Igualdad defiende en Valladolid que España siga el ejemplo de Francia y se convierta en el segundo país del mundo en reconocerlo
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció este viernes que el Gobierno trabaja en una reforma constitucional para "blindar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres" ante lo que calificó de "ola reaccionaria". España seguiría así el camino abierto por Francia en 2024, convirtiéndose en el segundo país del mundo en reconocer de manera explícita el derecho al aborto en la Constitución.
Durante su intervención en Valladolid en la XXIV Asamblea General de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), Redondo explicó que el Ejecutivo estudia el procedimiento para sacar adelante la reforma, apoyándose en la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos 44/2023 y en una sentencia del Tribunal Constitucional de 2023 que ya reconoce este derecho. "Ya hay un camino jurídico recorrido y ahora toca dar el salto constitucional", afirmó.
La ministra defendió que se trata de una "buena noticia" en un momento en que, a su juicio, la "derecha extrema y la extrema derecha" intentan "socavar los derechos fundamentales, constitucionales y legales". Subrayó que "no se puede tolerar", recordando que las mujeres representan el 51% de la población y que deben tener garantizados sus derechos "en igualdad de condiciones".
Respecto a la viabilidad política de la reforma, Redondo se mostró convencida de que existe una "amplia mayoría social" que respalda la igualdad y los derechos de las mujeres, y que dicha mayoría está reflejada en el Congreso de los Diputados. "Es una reforma que la sociedad reconoce y necesita, y hay que impulsarla con agilidad", subrayó.
En referencia al debate local, la ministra aludió al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, preguntándose si "va a consentir" que se difunda información falsa sobre el 'síndrome postaborto', que "no está reconocido científicamente", y que, según denunció, podría convertirse en una "traba más" para el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo.
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