Castilla y León vuelve a arder. Lo hace cada verano, sí, pero este año, una vez más, el fuego no solo arrasa nuestros bosques, campos y pueblos: también pone en evidencia la dejadez institucional, el cortoplacismo político y la falta de un compromiso real con el medio rural.

Las llamas han vuelto a castigar con especial dureza a provincias como Zamora, Ávila o León, donde miles de hectáreas de masa forestal han sido pasto del fuego. En Zamora, los vecinos reviven el trauma de los incendios de 2022, que ya dejaron huella en la Sierra de la Culebra. En Ávila, vuelven a repetirse imágenes de angustia en Gredos, con evacuaciones y carreteras cortadas. Y en León, el fuego ha alcanzado zonas tan simbólicas como Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, donde las llamas no solo devoran naturaleza, sino también nuestra historia y cultura.

Una tragedia ambiental, sí. Pero también política. Porque mientras los efectivos luchan contra el fuego en condiciones extremas, el cruce de acusaciones entre el Gobierno central y la Junta de Castilla y León convierte la catástrofe en un espectáculo bochornoso. Desde Madrid se señala la supuesta falta de planificación de la Junta; desde la Comunidad se acusa al Ejecutivo de desatención y centralismo. Y entre tanta pirotecnia verbal, los incendios avanzan. Lo urgente tapa lo importante. Y lo importante se olvida.

Estamos ante una irresponsabilidad institucional de primer orden, que afecta a todas las administraciones. Porque no estamos ante un fenómeno inevitable. Lo que está ocurriendo es la consecuencia directa de políticas mal planificadas, de décadas de abandono del medio rural y de una gestión forestal reactiva, limitada muchas veces a actuar cuando el fuego ya ha comenzado. No se puede seguir improvisando en agosto lo que no se quiso hacer en febrero.

Y mientras se cruzan reproches, los trabajadores del operativo contra incendios alzan la voz, una vez más, sin ser escuchados como merecen. Bomberos forestales, agentes medioambientales, técnicos y personal de apoyo llevan años reclamando condiciones dignas, estabilidad laboral, formación continua y, sobre todo, una estructura profesional que trabaje durante todo el año. Porque los incendios no se apagan en verano: se previenen en invierno.

El operativo contra incendios en Castilla y León sigue dependiendo de contratos temporales, plantillas incompletas y medios desiguales entre provincias. La falta de personal fijo y de una estrategia clara de prevención pone en riesgo no solo nuestros bosques, sino también la vida de quienes los defienden.

No es aceptable que la Comunidad más extensa de España, con un patrimonio natural tan valioso como frágil, siga abordando esta emergencia con una política forestal de mínimos. La realidad demuestra que sin prevención, no hay extinción posible. Sin inversión estable, no hay futuro rural. Y sin voluntad política, de todas las fuerzas políticas, solo queda el humo.

Es urgente avanzar hacia un modelo de gestión forestal integral, con planificación a largo plazo, con profesionales cualificados, con recursos suficientes y con participación real de los municipios y del tejido rural. No basta con reaccionar cuando el fuego aparece en los telediarios: hay que actuar cuando aún no ha comenzado.

Hay que exigir a todas las instituciones que abandonen el tacticismo político y trabajen de forma coordinada. Castilla y León no puede ser rehén de batallas partidistas mientras sus montes arden y sus pueblos se vacían. No puede seguirse mirando hacia otro lado hasta que sea demasiado tarde.

El fuego, una vez más, ha dejado su marca. En los pinares de Sanabria, en las cumbres de Gredos, en las laderas rojas de Las Médulas. Pero también ha dejado una lección: no hay más margen para la desidia ni para la disputa estéril. Castilla y León necesita políticas valientes, inversión decidida y respeto por quienes cuidan su tierra cada día, no solo cuando arde.

El monte no vota. Pero el monte habla. Y hoy nos grita que estamos llegando tarde.