La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, insistió hoy en acosar al Gobierno de España de utilizar el reparto de menores migrantes entre las distintas comunidades autónomas como "cesión al chantaje de sus socios separatistas". En este sentido, dejó ver que a la Comunidad le corresponden 197, por apenas 31 a Cataluña y ninguno al País Vasco. "Lo vemos claramente, este es el Gobierno que tenemos", apostilló.

En declaraciones recogidas por Ical durante su visita a las obras de la nueva residencia de menores protegidos por la Junta en Salamanca, la consejera recordó que Castilla y León "es una tierra solidaria" y añadió que "lo ha sido siempre". Sin embargo, matizó que "dentro de los debates de una conferencia sectorial, sin imposiciones, desde el diálogo y la igualdad entre todas las comunidades y procurando siempre lo mejor para los menores, no por imposición".

Quien también es vicesecretaria del PPCyL recordó que el decreto de reparto está recurrido en el Tribunal Constitucional, que ha admitido el recurso a trámite, y advirtió de que la Junta seguirá recurriendo las decisiones "impuestas" por el Ejecutivo. "El martes tuvimos la comisión sectorial preparatoria de la Conferencia, en la que no se dio ningún tipo de explicaciones sobre cómo era la reubicación de los menores, de dónde salían esas cifras o qué datos se habían considerado", denunció.

"Porque todas las comunidades tenemos el sistema al límite sobre las plazas de las que disponemos y, además, porque la protección de los menores es una competencia exclusiva de cada comunidad autónoma", recordó la vicepresidenta de la Junta, lamentando que no se dieran ninguna explicación sobre las cifras antes mencionadas, a las que añadió más 600 menores en Andalucía. "¿De dónde salen esos números, de dónde salen esos datos?", insistió.

"Estamos hablando de personas y parece que el gobierno utiliza a los menores y sus traslados, utiliza esta situación cuando mediáticamente más le interesa", denunció la consejera, mientras lamentó que el Gobierno hay ignorado la petición de las autonomías para "dejar sobre la mesa" ciertos temas, en busca de un mayor consenso. "Sin embargo, el Gobierno ha convocado Conferencia Sectorial para el día 17, con todos los temas que se dijeron que no podían ir. Por lo tanto, es una nueva imposición del Gobierno de España que, evidentemente, recurriremos", concluyó.