Una monja ha sido juzgada en la Audiencia Provincial de Valladolid ha negado haberse apropiado indebidamente de 76.985 euros procedentes de la cuenta bancaria que compartía con su tía fallecida, y ha asegurado que su única intención era cumplir la voluntad de la difunta. "Yo quería que se cumpliera su deseo, yo se lo prometí a mi tía", ha manifestado la acusada, María del Carmen S.T., quien solo ha respondido a las preguntas de su abogado.

La causa se remonta a marzo de 2023, cuando la encausada, ya fallecida su tía, que había dejado como herederos a 21 sobrinos, transfería el dinero de una cuenta compartida a otra de su exclusiva titularidad. Según la Fiscalía, lo hizo "guiada por un ánimo de enriquecimiento ilícito, sin causa ni título que lo justifique", y desde entonces no ha devuelto el dinero a pesar de los requerimientos del resto de coherederos.

Durante su declaración, la monja ha explicado que ha pasado buena parte de su vida dedicada a las misiones, especialmente en Asia, cuidando a personas enfermas de lepra y sin tener bienes propios: "Nunca he tenido nada mío, siempre he rendido cuentas de cada euro", ha insistido.

Sobre la cuenta bancaria, ha explicado que era cotitular con su tía en vida, lo que le permitió hacer operaciones con su consentimiento. Según su versión, la difunta quiso dejarle una parte de sus ahorros como agradecimiento, ya que fue ella quien estuvo más cerca en sus últimos años, mientras permanecía ingresada en una residencia. Ha añadido que desconoce cómo se realizó la transferencia del dinero a su nombre.

Sin embargo, uno de los primos de la procesada ha testificado que su tía "siempre decía que quería a todos los sobrinos por igual" y que nunca manifestó intención de favorecer económicamente a María del Carmen.

La Fiscalía mantiene la acusación por un delito de apropiación indebida y solicita 14 meses de prisión, además de una multa de ocho meses con una cuota diaria de diez euros y la devolución íntegra del dinero. Por su parte, la acusación particular eleva la petición a cuatro años de cárcel y una multa de doce meses, mientras la defensa solicita la absolución.