Ecologistas en Acción informó de que la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha anulado la autorización ambiental otorgada por el Delegado Territorial de la Junta en Valladolid a la ampliación de una explotación ganadera intensiva porcina en el municipio de Bahabón, estando pendiente de sentencia otra ampliación similar en Cogeces del Monte, ambas en la comarca vallisoletana de La Churrería.

La sentencia, de 25 de junio, estima que la Administración autonómica "no ha considerado la elevada contaminación por nitratos del acuífero del Páramo de Cuéllar, por la que desde el año 2003 la veintena de pueblos de la comarca de La Churrería se tiene que abastecer de agua potable desde un manantial de la provincia de Segovia, habiéndose declarado por ello dicha comarca como zona vulnerable a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero", explican los ecologistas en un comunicado.

En este sentido, constata que las más de 20.000 toneladas de purines que producirían cada año ambas explotaciones "agravarían el problema de la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos, al esparcirse por los terrenos de la comarca, y también emitirían al aire 100 toneladas anuales de amoniaco y de metano, contaminantes tóxicos que inciden en la formación de partículas y ozono, y en el caso del metano son responsables del cambio climático". La explotación de Bahabón "amenaza" además la fuente de Minguela, donde nace el arroyo Valcorba, tradicional lugar de paseo y de recreo para los vecinos.

Según el Tribunal, "la Junta de Castilla y León ha certificado que en la Zona Vulnerable Churrería (ZV-CH) se ubica otra veintena de grandes explotaciones porcinas y avícolas intensivas con autorización ambiental". Pero "ni en el estudio de impacto ambiental ni en la declaración de impacto ambiental se hace mención a todas estas explotaciones ni se han tomado en consideración los efectos acumulados y sinérgicos" en el sentido exigido por la Ley de Evaluación Ambiental.

Para llegar a este fallo, la sentencia cita un informe pericial que concluye que "la masa de agua subterránea es una unidad en sí misma, de manera que no se puede acotar a una extensión como una parcela o un término municipal, ya que lo que debe prevalecer es el buen estado de la masa de agua en su totalidad, por lo que la evaluación de impacto ambiental debió considerar el impacto acumulativo de la veintena de explotaciones ganaderas con autorización ambiental en la comarca".  

La Churrería es una de las seis zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero existentes en la provincia de Valladolid, junto a los páramos de Esgueva y de Torozos, el acuífero de los Arenales y las comarcas de Medina y Tordesillas, zonas que en conjunto afectan a 111 municipios sobre más de la mitad de la superficie provincial. La causa de esta elevada contaminación es el exceso de abonado de las fincas agrícolas, constatan Ecologistas en Acción.

En los últimos años, explican, la contaminación por nitratos en La Churrería y en otras zonas vulnerables "está aumentando por la implantación o ampliación de grandes granjas industriales porcinas y avícolas, cuyos residuos se están vertiendo en las tierras de su entorno". En sus dieciséis municipios y sus 580 kilómetros cuadrados, sólo la Churrería alberga una veintena de explotaciones sujetas a autorización ambiental, por ser las más contaminantes, siete de las cuales se concentran en Cogeces del Monte.

Ecologistas en Acción denuncia que la Junta de Castilla y León y los responsables provinciales y regionales del Partido Popular "se han entregado completamente a los intereses de la ganadería industrial, sacrificando la salubridad del aire que respiramos y el agua que bebemos". En 2024, el Tribunal Europeo de Justicia, recuerdan, condenó a España por la "insoportable situación de las aguas subterráneas entre otras regiones en Castilla y León, y la necesidad de revertirla".

Para ello, la organización ambiental considera "imprescindible" la "denegación" de las autorizaciones para ampliaciones y nuevas macrogranjas ganaderas en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, "en coherencia con la prohibición contenida en el nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero de nuevas concesiones de agua para estas explotaciones, que la Junta se resiste a asumir".

Ecologistas en Acción pide al Gobierno regional que "se incorpore así con seriedad al debate sobre las macrogranjas y el modelo alimentario que representan, frente a la tradicional ganadería extensiva y a la agricultura y ganadería ecológicas, adoptando medidas que protejan el medio ambiente, la salud de la ciudadanía y de los consumidores y los pequeños ganaderos de Castilla y León, sacrificados por la Junta en su apuesta por las macrogranjas industriales".