Ecologistas en Acción presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Valladolid, al considerar que su diseño es "fraudulento" y tiene como único objetivo "evitar cumplir la ley". Según el colectivo, la medida actual reduce la superficie prevista a solo un tercio de la contemplada inicialmente y no cumple con los requisitos de la Ley de Cambio Climático.

La organización entregará al tribunal un informe técnico elaborado por la consultora especializada en movilidad sostenible gea21, que concluye que la ZBE vallisoletana "no cumple con la finalidad ni los requisitos legales establecidos". Este documento se incorpora al procedimiento judicial abierto contra la ordenanza y el proyecto aprobados por el Pleno municipal el 28 de octubre de 2024.

El informe de gea21 destaca que, con la actual delimitación de la ZBE, la reducción de gases de efecto invernadero será "como máximo del 1,5% en 2030". En el caso de los óxidos de nitrógeno (NOx), la bajada prevista sería del 2,2%, y del 2,6% para las partículas PM10, cifras que, según Ecologistas en Acción, demuestran la ineficacia de la medida.

Además, critican que las restricciones de acceso son insuficientes y no están alineadas con los objetivos de mejora de la calidad del aire. "La superficie delimitada y las excepciones contempladas hacen que la ZBE sea un coladero y un fraude de ley", denuncian.

Entre los aspectos más cuestionados por la organización ambiental se encuentra el acceso libre a los aparcamientos rotatorios del centro y el trato favorable a los SUV, lo que, a su juicio, beneficia a la movilidad motorizada de las personas con mayor renta. "La mayoría de la población con menos ingresos no tiene coche ni dinero para combustible. Usan transporte público, caminan o van en bici", subrayan.

Ecologistas en Acción también advierte de un posible uso indebido de los fondos europeos. Recuerdan que el Ayuntamiento ha recibido más de 15 millones de euros del Ministerio de Movilidad, cuya normativa obliga a que las ZBE incluyan una parte significativa de la ciudad y prioricen el transporte público, la bicicleta y al peatón.

Por ello, han solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que reclame la devolución del dinero público, al considerar que se ha "despilfarrado en una medida ambientalmente inútil". También critican el desmantelamiento de carriles bici y bus por parte del actual equipo de Gobierno, al que acusan de estar en una "cruzada contra el medio ambiente".

Finalmente, la organización atribuye la situación actual a la "negligencia y cálculo político erróneo" del anterior alcalde y actual ministro, Óscar Puente, que, con el apoyo de Valladolid Toma la Palabra, "se negó a implantar la ZBE hasta después de las elecciones", mostrando, según dicen, "escasa convicción" ante una obligación legal.