Dos agentes del Seprona de la Guardia Civil han visitado durante la mañana de este martes, 24 de junio, las obras de la estación de autobuses de Valladolid. Según ha podido saber TRIBUNA, los agentes han practicado diligencias en las instalaciones, tal y como ha ordenado la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo ubicada en Madrid, que es quien ha alzado la voz.

Esta decisión ha sido motivada por la denuncia de Adelante Valladolid, formación política que calificó el proyecto de "intervención ilegal según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid" con, incluido, "un derroche inaceptable de casi 5 millones de euros de fondos públicos". El Ayuntamiento, a través del concejal Nacho Zarandona, salió al paso defendiendo que la actuación se ha llevado a cabo conforme a los informes técnicos y a los procedimientos reglados, que determinan si es necesario solicitar una licencia municipal o si basta con una declaración responsable, como ha sucedido en este caso.

Además, aclaró que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2020 no contempla la demolición de la actual estación de autobuses, sino que identifica el edificio como una construcción "disconforme" con el planeamiento en vigor o fuera de ordenación. La versión del concejal coincide con la de la Junta de Castilla y León, ya que en ningún momento han visto peligrar el proceso con el que se han desarrollado las obras.

Adelante Valladolid pidió la paralización de las mismas porque, por otro lado, esperan que la estación se traslade al barrio de Las Delicias, algo que, de momento, Zarandona niega. De hecho, y ya en su momento, el edil pidió el fin de las "especulaciones" y afirmó que esta reforma era "deseada por todos", incluida la oposición socialista, para contar con una terminal modernizada que seguirá en uso durante años.