El reciente anuncio de la empresa Azucarera —filial de ABF (Associated British Foods)— de cerrar de forma definitiva la planta de La Bañeza (León), cesar la molturación de remolacha en Miranda de Ebro (Burgos), y concentrar la producción en Toro (Zamora), no puede pasar como un mero ajuste empresarial. Es una decisión que hiere profundamente a Castilla y León y que amenaza con dejar sin futuro a un sector vital para nuestra tierra: el de la remolacha azucarera.

La empresa habla de eficiencia, sostenibilidad y adaptación al mercado. Pero para los trabajadores que perderán su empleo y los agricultores que ya no tendrán a dónde llevar su remolacha, esas palabras suenan huecas. Estamos hablando de 251 despidos en toda España, de los cuales 26 se producirán en Toro y uno más en Benavente. Pero el golpe más duro se lo lleva León, donde se clausura una de las plantas emblemáticas del sector. La fábrica de La Bañeza, con décadas de historia, ha sido motor económico de la comarca y símbolo de la fortaleza agraria leonesa. Su cierre es, sin exagerar, una traición a toda una provincia que ha liderado la producción de remolacha a nivel nacional.

Por primera vez en la historia, León es la provincia que más remolacha cultiva en España: más de 10.400 hectáreas esta campaña. En total, Castilla y León representa el 67% de la superficie nacional de cultivo y el 76% de la producción de azúcar del país. ¿Cómo se entiende entonces que el epicentro de este sector vea cerrarse sus instalaciones? ¿Qué lógica empresarial hay en desmantelar donde se produce más y mejor? ¿Qué apoyo recibe el medio rural cuando, pese a su esfuerzo, se lo deja abandonado?

La remolacha no es un cultivo cualquiera. Es estratégico en nuestra Comunidad. No solo por su importancia económica —que la tiene— sino por su valor social, ambiental y territorial. Genera empleo directo en el campo y en las fábricas, dinamiza las comarcas más vulnerables y contribuye a la lucha contra la despoblación. Además, es una alternativa sostenible para el regadío, con una gran capacidad de captura de carbono: hasta 46,4 toneladas de CO₂ por hectárea.

Estamos, por tanto, ante un problema que va más allá de un ERE. Esto es un síntoma de una enfermedad más profunda: la desindustrialización del medio rural, el olvido de las provincias periféricas y la creciente desconexión entre los centros de decisión y la realidad del territorio. Mientras los agricultores siguen apostando por el cultivo, mientras las organizaciones agrarias y los ayuntamientos piden diálogo, la respuesta empresarial es el cierre y la deslocalización.

Desde Tribuna Grupo queremos lanzar un mensaje claro: Castilla y León no se resigna. Esta Comunidad ha sido, es y debe seguir siendo un pilar del sector agroalimentario español. No aceptamos que decisiones tomadas lejos, con criterios puramente financieros, condenen al paro, al abandono y al olvido a cientos de familias que llevan décadas construyendo riqueza desde el esfuerzo y la tierra.

Reclamamos a Azucarera que reconsidere su decisión. Y exigimos a las administraciones públicas, desde la Junta de Castilla y León hasta el Gobierno central, que actúen con firmeza. No se trata de poner parches o gestionar un cierre con dignidad. Se trata de impedirlo. Se trata de defender nuestro modelo económico, nuestro campo, y el futuro de nuestra gente.

Porque si Castilla y León lidera la producción de remolacha en España, debe también liderar su transformación. Y porque sin industria, sin agricultura y sin dignidad, no hay futuro para esta tierra.