La Audiencia de Valladolid tomó la decisión de ordenar el reagrupamiento de las acusasiones del conocido 'caso ataúdes' debido a la "legitimación común de los perjudicados". Es decir, cada letrado acusador deberá representar a un mínimo de 54 fallecidos, con el fin de "facilitar el desarrollo del juicio", aún pendiente de señalamiento, y evitar dilaciones indebidas.

El tribunal concede un plazo de 15 días para que las familias se reagrupen "voluntariamente" para llegar a ese mínimo de 54 fallecidos, "para actuar bajo una misma dirección y representación". De no lograrlo, advierte, será la sala la que lo lleve a cabo mediante la "acumulación de las personaciones que no reúnan el mínimo establecido". Con ello no se suprime "completamente el derecho de defensa y asistencia letrada, sino que se modula su ejercicio en atención al interés general, además con favorecimiento de la igualdad y equilibrio entre todas las partes, acusadoras y acusadas".

Con esta medida, se pretende evitar incompatibilidades entre las distintas partes que ejercen la acción penal o civil derivada del delito y para una "suficiente convergencia de intereses, e incluso puntos de vista, en la orientación de la actuación procesal". De hecho, se calcula que son más de 1.300 los posibles afectados por el cambiazo de féretros en los crematorios de Grupo El Salvador. Más de 900 denuncias han llegado desde Comisaría y el resto directamente al juzgado.