Un total de 44 casos de discriminación y antigitanismo fueron atendidos por la Fundación Secretariado Gitano (FSG) en Castilla y León durante 2023, según el vigésimo informe anual 'Discriminación y Comunidad Gitana' presentado recientemente en Madrid.

Por provincias, Burgos, con doce casos frente a los seis recogidos en 2022, se sitúa a la cabeza; por su parte, Valladolid ha registrado once frente a los siete que se denunciaron el año anterior. Sin embargo,  León, Salamanca, Zamora, Palencia y Segovia han disminuido la cantidad de casos registrados. Soria y Ávila no reportaron ninguno.

Entre ellos, figura el caso de una profesora de Educación Primaria de un colegio de León que realizaba comentarios estereotipados hacia el alumnado gitano, acompañados de algunas actitudes hostiles como "gritos o preguntas humillantes".

O el de una joven gitana usuaria de un gimnasio de Burgos, que fue acusada de ser la autora de unos hurtos que se habían producido. El dueño del establecimiento dijo a los clientes: "Habrá sido la gitanilla".

"Para curarme en salud prefiero no alquilar la casa a personas de etnia gitana para evitar problemas con la comunidad". Esa es la respuesta que recibió un hombre que quería alquilar una vivienda en un pueblo de Valladolid.

Una situación parecida a la de un grupo de once jóvenes gitanos que solicitó el uso de un pabellón municipal en Palencia para jugar al fútbol y se les denegó, sin motivo aparente. Tras insistir, el responsable les dijo que era por su pertenencia étnica.

En este trabajo se recogen 384 casos de discriminación y antigitanismo en el conjunto de España que tienen que ver con las malas prácticas de los medios de comunicación e internet con 63 casos o 136 en las redes sociales, "muchos de ellos discursos de odio muy graves" contra las personas gitanas.

Además hay casos en el acceso al empleo, con 32; en acceso a bienes y servicios, con 65 casos; en los servicios policiales, con 11 casos; en educación, con 27 casos; en vivienda, con 28 casos; en salud, con 9; y en otros (entre los que se incluyen los casos más extremos de delitos de odio), con 13 casos.

El informe también recoge estadísticas de la evolución de los casos por ámbitos de estos últimos 20 años, con un total de 4.608 casos de discriminación recogidos y atendidos por la FSG desde 2004.

La FSG constata dos tendencias "aparentemente contradictorias", ya que por una parte aprecia "una mayor concienciación de las víctimas a la hora de denunciar los casos, y un mayor interés en la defensa de sus derechos humanos" pero, por otra parte, observa que "en muchas ocasiones las personas que han sufrido estos incidentes no quieren realizar ninguna acción de queja o denuncia".

Ello se debe a que "sigue habiendo cierta desconfianza en las autoridades y las instituciones del Estado a la hora de llevar a cabo acciones de denuncia o de iniciar procedimientos judiciales".

Por otra parte, el documento destaca que la aprobación de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación en el año 2022 ofrece "un marco de protección frente a la discriminación más amplio".

Si bien, la FSG lamenta que "estos avances normativos no se están aplicando de manera totalmente efectiva, dado que no se ha creado todavía la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, a pesar de haber transcurrido dos años desde que acabara el plazo de seis meses que estipulaba la ley para su creación".