El pasado 21 de octubre, la Comisión de Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad del Ayuntamiento de Valladolid dio luz verde de manera definitiva la ordenanza que regula la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad que tendrá una extensión de 1,1 kms cuadrados, frente a los 3,1 kms cuadrados que tenía la prevista por el anterior equipo de gobierno.

Así, una vez aprobada esta ordenanza, ya se ven en las calles los primeros pasos que el Ayuntamiento está dando de cara a poner en marcha esta nueva ZBE. El primero de ellos está siendo ya la instalación de las cámaras de vigilancia que ya se están viendo en algunas calles que forman el perímetro de esta área restringida, tal y como confirmó a TRIBUNA el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez. "Ya se han instalado varias, hoy mismo en la calle Jorge Guillén". Otras ya se pueden ver en la calle San Martín o en el Paseo Isabel la Católica, entre otras ubicaciones. Estas cámaras aún no están operativas para sancionar, ni siquiera en pruebas aún. De momento se están instalando y conectando a una plataforma informática que gestionará su funcionamiento. "Estamos en el proceso de instalación, que debe completarse antes de fin de año", explicó el concejal.

Una vez finalizada la instalación, el Ayuntamiento deberá determinar cómo se documentarán las exenciones de acceso previstas en la ordenanza. "Estamos elaborando ya lo que son las normas de gestión de uso de las exenciones, es decir, qué tipo de documentación se va a pedir a cada uno de los usuarios para las circunstancias de exención", detalló Gutiérrez. Estas normas determinarán, por ejemplo, qué documentos deben aportar los propietarios de plazas de garaje o los pacientes que necesiten acceder a la ZBE por motivos médicos.

Plano de ubicación de las cámaras de vigilancia de la nueva ZBE. TRIBUNA

Además, el Ayuntamiento está preparando la licitación para la gestión de las cámaras, que incluirá el análisis de matrículas y la tramitación de sanciones para aquellos que no cumplan con las normativas de la ZBE. "Estamos terminando el pliego para licitar lo que es la gestión de todas esas cámaras que se están implantando, es decir, contratar a una empresa que luego tendrá a sus operarios, que son los que van a analizar esas matrículas, ver cuáles están exentas, cuáles no, ver cuáles han ido a un aparcamiento público o no, ver cuáles han ido a un hotel o no, y ya una vez que eso se analiza, tramitar la correspondiente sanción de aquellos que no cumplan", detalló Gutiérrez.

La urgencia de este proceso se debe a la necesidad de cumplir con los plazos de los fondos europeos. "Tenemos que cumplir con un dinero de los fondos europeos antes del final del año", explicó Gutiérrez. "Este es un contrato que estaba firmado, se suspendió temporalmente en lo que se hacía la tramitación de la aprobación definitiva de la ordenanza y una vez que ya está claro cuál es el ámbito, la zona, etcétera, se están instalando. Pero tenemos que tener instaladas y en prueba antes de que finalice el año para poder pagar ese contrato y poder justificarlo a los fondos europeos", indicó el edil.

La entrada en vigor de las restricciones será progresiva: a partir del 1 de julio de 2025, los vehículos sin etiqueta medioambiental tendrán prohibido el acceso a la ZBE, mientras que los vehículos con etiqueta B tendrán hasta el 1 de enero de 2028 para adaptarse a las nuevas normativas.