La Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes la adjudicación del contrato del servicio de asesoramiento jurídico en materia de derecho de familia y penal, tanto para personas usuarias como para personal técnico de los servicios sociales básicos, y por otro lado para el asesoramiento jurídico y atención legal a personas empadronadas en la ciudad de Valladolid que puedan acogerse a medidas que ofrece la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad.

Este contrato que se formaliza ahora por tres años, hasta finales de junio de 2027, con el ilustre Colegio de Abogados de Valladolid (ICAVA), es desde hace muchos años un apoyo importante a los técnicos de los servicios sociales básicos y a toda la ciudadanía en temáticas de derecho de familia y también para el asesoramiento y apoyo de personas y familias que son susceptibles, por sus circunstancias, de poder acogerse a las medidas prevista en la Ley 25/2015.

El presupuesto anual del contrato es de 7.986 euros y se lleva a cabo mediante un sistema de 'turno de oficio' dentro de los profesionales del colegio de abogados que han querido participar, y sus intervenciones normalmente son a través de entrevistas presenciales, aunque también hay asesoramiento telefónico, sobre todo a los técnicos del servicio que lo demandan.

En 2023, en el servicio de asesoría de segunda oportunidad se atendieron 49 casos y en el de apoyo a los servicios sociales básicos para personas usuarias en derecho de familia fueron 37 las atenciones, cinco de las cuales fueron de apoyo técnico a profesionales de CEAS