La Asociación Defensor del Paciente ha pedido la intervención de la Fiscalía por un supuesto caso de discriminación sufrida por Fabio, un joven vallisoletano de 17 años que presenta una discapacidad del 98%, vive junto a su familia en San Pelayo y está escolarizado en municipio de Tordesillas, en el Colegio Pedro I.

La familia ha explicado que el argumento dado por la Junta de Castilla y León para negar ese servicio de transporte escolar es que pueda sufrir una crisis durante el trayecto, lo que quedó establecido por un protocolo elaborado por la Administración, cuya madre solicitó por escrito.

Además, alegan que la Junta no se ha comunicado en ningún momento del proceso con ellos, sino con el centro educativo, lo que fue denunciado junto con los hechos previos en el cuartel de la Guardia Civil de Tordesillas el pasado jueves 21 de marzo, al no poder acceder al servicio ese día.

En la denuncia, dirigida al Fiscal Superior de Castilla y León y a la Fiscalía Delegada de la Jurisdicción Civil, la asociación ha considerado una "arbitrariedad" de la Junta de Castilla y León no ofrecer transporte escolar al adolescente "los ciudadanos necesitan de sus fiscales y máxime cuando son discapacitados", han remarcado.