En enero de 2023 eran 864 las personas que cobraban por cuidar a sus familiares en la provincia de Valladolid, un año más tarde el número ha ascendido a 954.

A la cabeza en la comunidad se encuentra la provincia de León, con 1.173 personas integradas, seguido de 782 en Salamanca, 624 en Burgos, 390 en Palencia, 304 en Ávila, 273 en Segovia y 102 en Soria.  En total, en Castilla y León son 5.075 los cuidadores no profesionales de personas dependientes, lo que supone 519 más que hace un año.

La mayoría son nuevos convenios suscritos desde que el 1 de abril de 2019 la Administración General del Estado se hizo cargo de abonar las cotizaciones, en cumplimiento del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

De esta forma, en el conjunto de la comunidad, se ha multiplicado por más de seis la cifra de cuidadores no profesionales, de tal modo que se ha pasado de 763 ciudadanos que estaban dados de alta entonces, nueve de cada diez mujeres, a los 5.075 actuales.

En cuanto a la edad, el 37,8 por ciento no ha cumplido los 50 años, un 49,1 por ciento tiene entre 50 y 60 años y un 21,1 por ciento supera los sesenta. El sistema de dependencia en Castilla y León atiende a 122.895 personas, de las cuales el 62 por ciento tienen más de 80 años. Reciben 169.703 prestaciones, de ellas, 66.694 son de grado I (moderados), 55.956 de grado II (severos) y 47.053 de grado III (grandes dependientes).

Asimismo, hay 9.423 personas con el programa de atención individual (PIA) ya resuelto y que están a la espera de recibir una ayuda. Según las estadísticas publicadas por el Imserso, hasta 33.132 son prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar; 8.454 están encuadradas en atención residencial; 22.451 responden a ayuda a domicilio; y 28.620 se enmarcan en teleasistencia.

Además, 8.030 se materializan en centros de día o de noche; 13.579 se centran en programas de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía; 53.153 son económicas y aparecen vinculadas al servicio; y 2.284 son ayudas para hacer frente al pago de un asistente personal.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 estudia reformar la Ley de Dependencia dada la creciente demanda de los cuidados de larga duración y se ha comprometido a incrementar la financiación hasta el 50%, al mismo nivel que las comunidades autónomas.