No hay que matar al campo para salvar el planeta. El diseño de la política agraria en los despachos gubernamentales cada día está más lejos de la realidad cotidiana de agricultores y ganaderos, que asisten perplejos a la asfixia del sector, entre otras múltiples razones por el injusto sistema de precios establecido, que las autoridades son incapaces de resolver, ni siquiera atenuar de forma eficaz. Y a todo esto, en Francia, cuyos agricultores también se manifiestan, boicotean los productos procedentes de España.

El oficio de alimentar al personal se ha complicado de manera exponencial en este país, por supuesto en Castilla y León. La creciente burocracia, los continuos controles fitosanitarios o la competencia poco controlada de los productos procedentes de terceros países son algunas de las razones que han impulsado la tractorada que estamos viviendo estos días. Los agricultores están hartos y, como ocurre de manera cíclica, han salido a la calle a reclamar lo que consideran es suyo.

La Política Agraria Común es un desastre desde tiempos inmemoriales. Ha puesto el listón excesivamente alto en los temas relacionados con el medio ambiente. No trata por igual a todos los estados miembros. Impone criterios de concretos sectores agrícolas de determinados países, arruinando el producto a algunos de sus vecinos, permite que personas que no trabajan en el campo, pero que poseen tierras, reciban generosas subvenciones, simplemente por plantar, según las directrices del momento (aunque luego ni recojan la cosecha), no ejecuta con eficiencia los controles, que sí exige a sus miembros, a los productos que entran desde terceros países, etc.

La actitud de las organizaciones sindicales del campo ante lo que está ocurriendo también se ha puesto en tela de juicio en esta movilización. Los sindicatos más a la izquierda miran hacia otro lado para no molestar al actual gobierno y los más a la derecha han mantenido una actitud pasiva, a decir de los promotores de los cortes de carreteras, mercados centrales y grandes puertos marítimos, la Agrupación Nacional de Agricultores y Ganaderos.

La constante subida de los precios de carburantes, luz, seguros, fertilizantes..., la dificultad de cumplir con los objetivos medioambientales recogidos en la Agenda 2030, los períodos de sequía, la escasa implicación del los departamentos funcionariales de las administraciones correspondientes a la hora de colaborar con el papeleo que se exige a agricultores y ganaderos y, particularmente, la miseria de precio que reciben por muchos de los productos y servicios que prestan han colmado la paciencia de las gentes del sector primario, el que nos alimenta.

La movilización no puede durar demasiado tiempo, el ganado y las tierras requieren atención. A eso se aferran las autoridades políticas, mientras intentan calmar los ánimos más soliviantados de los manifestantes. Al Gobierno no le gustan las movilizaciones. A ningún gobierno. Los cortes de carretera cabrean a la ciudadanía, que ni tiene la culpa de lo que les ocurre a los agricultores y ganaderos, ni tampoco puede resolver la situación, mientras se ve perjudicada en su quehacer diario.

El sector primario no está habitualmente entre las prioridades de los partidos políticos, salvo períodos electorales. El medio rural no vive su mejor momento, menos aún en territorios como Castilla y León, tan extensa, tan despoblada, tan envejecida. Las políticas estatales priorizan los territorios con mayor población, donde se concentran los motores económicos (y los votos), y no se llevan a cabo acciones de discriminación positiva hacia los territorios menos favorecidos. Las comunidades autónomas afectadas hacen lo que pueden, insuficiente para revertir la situación.

Todo mi respeto a quienes trabajan a diario en el campo. Agricultores y ganaderos son o han sido alguna vez nuestros antepasados, aunque ahora sus descendientes mayoritariamente pisemos asfalto.